Cs exige al Gobierno cumplir la ley y no contratar más con las constructoras del cártel sancionado por la CNMC
Ciudadanos ha exigido este lunes en el Congreso al Gobierno cumplir la ley y no contratar más con las constructoras multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acusa a estas empresas de alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas de edificación y obra civil.
Por otro lado, este partido exige mayores controles en la Administración General del Estado, lamentado cómo las medidas de control vigentes no hayan servido para detectar un cártel de constructoras, a las que acusa de haber operado con «descaro» y «una sensación de total impunidad».
La formación naranja atribuye esto a que las empresas ven las sanciones como «un riesgo asumible», considerando que «las administraciones públicas no se atreverán a aplicar la prohibición de contratar que prevé la legislación».
CUESTIONA CÓMO ES POSIBLE QUE NO SE HAYA DETECTADO
Por ello, su portavoz económica en el Congreso, María Muñoz, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para saber si tiene previsto aplicar esta prohibición de contratar a las empresas sancionadas, pero también qué medidas va a tomar para mejorar la detección de estas prácticas ilegales.
Asimismo, Muñoz pide explicaciones al Gobierno por no haber podido actuar antes, al considerar que «resulta de difícil comprensión que las administraciones contratantes, y en particular la Administración General del Estado, no haya sido capaz de detectar hasta ahora un cártel que llevaba operando más de dos décadas».
REUNIONES CADA SEMANA DURANTE 25 AÑOS
Todo ello tras las sanciones impuestas por la CNMC a las constructoras Acciona Construcción (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain(21,5 millones) y Sacyr Construcción (16,7 millones), por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas de edificación y obra civil.
Según considera probado el supervisor, este grupo de empresas celebraba reuniones cada semana desde 1992 para analizar las licitaciones, decidiendo qué concursos iban a compartir una parte o todos los trabajos que conformarían las ofertas técnicas.
