Cs apremia a devolver el Impuesto de Actividades Económicas a negocios afectados por restricciones Covid
Ciudadanos ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente al ejercicio de 2020 a los negocios que se vieran afectados como consecuencia de los confinamientos y las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19.
La proposición no de ley, recogida por Europa Press, se presenta tras la sentencia dictada este mes por un Juzgado de Valencia, que ordena al Ayuntamiento de la capital levantina la devolución del pago de este tributo a una empresa hotelera, al no haberse producido el hecho imponible del impuesto en este período por las restricciones.
Cs esgrime que la propia regulación del impuesto define su hecho imponible como «el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales», por lo que considera «obvio» que, como consecuencia de las restricciones, esta actividad no se ha desarrollado, no dando lugar al hecho imponible, o haciéndolo solo de manera parcial.
Por ello, desde esta formación proponen la devolución de este impuesto, que se devenga el día 1 de enero y se satisface al inicio del ejercicio, en su totalidad o la parte proporcional del mínimo que corresponda, a negocios que hayan visto su actividad suspendida o limitada.
PIDE ACTUAR DE OFICIO PARA EVITAR DESIGUALDADES Y LITIGIOSIDAD
Para ello piden un «criterio unánime» por parte de la Administración central y actuar de oficio para evitar desigualdades entre ayuntamientos, competentes de la gestión de este impuesto, y la esperada litigiosidad a partir de la citada sentencia.
En este sentido, Cs recuerda cómo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «se jactaba de su celeridad» para solucionar en apenas unos días el conflicto creado en torno a otro impuesto cedido, el conocido popularmente como el de plusvalía.
Por ello, esgrime que ahora «no puede ahora plantear excusa alguna para actuar con la misma celeridad en reponer a los contribuyentes de un dinero que, en justicia, les pertenece». «Lo contrario sería tanto como permitir el enriquicimiento injusto e ilegítimo de la Administración», concluye.
