BRUSELAS, 14

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento europeo, la eurodiputada de Ciudadanos (Cs) Maite Pagazaurtundua, ha acusado al Gobierno español de haber iniciado reformas jurídicas que «alivian las penas de determinados delitos para satisfacer intereses políticos» después de haber remitido este lunes a la Comisión Europea información sobre los pactos entre Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno, a los que tacha de «independentistas».

«El actual gobierno español ha iniciado reformas jurídicas que parecen tender a debilitar la protección jurídica del propio Estado de Derecho, así como a conceder o completar la impunidad a los autores de graves delitos cometidos en 2017 contra la integridad territorial, la integridad del Estado de derecho y el presupuesto», ha advertido la eurodiputada de Cs en una carta dirigida a los comisarios Didier Reynders y Vera Jourová, responsables de Justicia y Valores y Transparencia de la Comisión Europea, respectivamente.

En dicha carta, se alude a las revelaciones realizadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, respecto a los pactos con el Gobierno sobre el incumplimiento de las sentencias sobre la enseñanza del castellano, la eliminación del delito de sedición, o la reforma sobre los delitos de malversación, todos ellos, apunta Cs, relacionados con líderes independentistas catalanes.

«Pactar leyes para evitar el cumplimiento de las penas en delitos graves es una forma de corrupción del Estado de derecho difícilmente imaginable para la Unión Europea, pero es real», ha asegurado Pagazaurtundua quien, basándose en la legislación que obliga a las Administraciones al buen gobierno, indica que «aliviar las penas de determinados delitos para satisfacer intereses políticos es una muestra de irresponsabilidad que va contra la Ley y contra los principios de derechos penal que debilita tanto al poder judicial como institución como al entramado institucional democrático».

Asimismo, ha señalado que la «degradación» de las instituciones democráticas a causa de estos usos impropios del gobierno plantea que los pactos entre las administraciones central y catalana para «torcer la ley, para no aplicar las sentencias y para la impunidad de hechos», son «suficientemente graves como para introducir una advertencia en el informe del Estado de Derecho de España».