Cristina Cifuentes, 36 días resistiendo ante la polémica de un máster con notas supuestamente falsificadas

La ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha tenido que dirigir 36 días el Gobierno regional envuelta en la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y resistiéndose a dimitir porque ha asegurado en todo momento que lo ha cursado y que no ha cometido ilegalidad.

Hace dos meses la dirigente madrileña no se habría imaginado un desenlace parecido, con su imagen de regeneradora del PP e imponiendo su política de «tolerancia cero» contra la corrupción en la Comunidad de Madrid. De hecho, el pasado 18 de marzo se cumplía un año de ella como presidenta del PP madrileño y era unas de las fortalezas que defendía en su balance.

Hasta entonces, su principal escollo habían sido las declaraciones que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados realizó en sede judicial sobre ella. Y es que, éste aseguró que Cifuentes era conocedora de la presunta financiación del PP, formación en la que ha ostentado más de un centenar de cargos durante su vida política, debido, a entre otras cosas, a una relación personal con el expresidente Ignacio González.

La relación con Cs, su socio de investidura, no pasaba por su mejor momento y los tres partidos de la oposición en la Asamblea se unieron para solicitar su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política por la cuestión. Ésta acabaría produciéndose pero no en el seno del Parlamento autonómico sino en el Congreso de los Diputados, el 20 de marzo.

«Granados toca, la oposición baila», criticó Cifuentes a la entrada de la misma, a la que llegó con la compañía del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y el coordinador general del partido, Fernando Fernández Maíllo. De su comparecencia, su entorno sacó pecho y aseguró que había salido bien parada y respaldada por los populares .

Pero, ese mismo martes, y tan solo pocas horas después, el equipo de la presidenta recibió una llamada de eldiario.es que la avisaba de la información que se publicaría al día siguiente sobre el máster que realizó en el curso 2011-2012 sobre Derecho Autonómico.

Dicho medio publicó que una funcionaria de la URJC habría cambiado dos notas del título de la presidenta de No presentado a Notable en 2014. La Universidad convocó una rueda de prensa esa mañana y argumentó que se trataba de un «error de transcripción» en las calificaciones pero la presidenta tardó en reaccionar.

Fue a última hora cuando el equipo de Cifuentes remitió a los medios un comunicado desmintiendo lo publicado y adjuntando documentación, entre ella un acta de la presentación del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM). Ofreció además dos entrevistas.

También se grabó a altas horas de la noche en su despacho de la Puerta del Sol con el mencionado acta mostrándose orgullosa de tener los papeles que demostraban su título y asegurando que, mientras tanto, ella seguiría trabajando por los madrileños.

Las informaciones no cesaron en los días siguientes: una tasa de 6,11 euros que habría pagado después de haber presentado el TFM, que el tribunal que supuestamente la aprobó era ilegal o que los alumnos del máster no recordaban haberla visto nunca. Tras ellas, la URJC cambió de parecer y abrió una información reservada.

Ante estas informaciones, Cifuentes, que se vio afectada en esos días por una gripe, guardó silencio. Su siguiente aparición pública fue en la reunión del Comité Ejecutivo Regional. Su intervención se pudo seguir por plasma y anunció una «querella criminal» contra los periodistas que sacaron a la luz la información.

La oposición convocó un Pleno para que la presidenta se explicase. Ese día El Confidencial publicó que, en el acta del TFM, dos de las firmas de las tres profesoras no eran reales. La presidenta reiteró ese mismo día que ni su currículum ni sus notas habían sido falseadas.

Cifuentes no convenció al PSOE, que un día después presentó una moción de censura encabezada por su portavoz, Ángel Gabilondo. Podemos anunció que la apoyaría y Cs apostó por poner en marcha, como paso previo, una comisión de investigación sobre el título de Cifuentes.

Ante el goteo de informaciones, el 7 de abril el portavoz de los naranjas en la Cámara, Ignacio Aguado, le daba un ultimátum al PP: tenían 48 horas para dar su visto bueno a la comisión.

El PP contestó fuera de plazo y con unas exigencias que desde Cs consideraron fuera de lugar, tanto por la petición de comparecencias de socialistas como por el veto a su portavoz adjunto, César Zafra, con quien Cifuentes había tenido un rifirrafe en la comisión de corrupción, a la que acudió para dar explicaciones por el contrato de la cafetería.

ENROCARSE Y RESISTIR

Así las cosas, Cs anunció entonces que exigían su dimisión e instaban a Rajoy a que propusiera un candidato interino hasta las elecciones de 2019. De no ser así, apoyarían la moción, que debía realizarse según el Reglamento antes del 7 de mayo. Ante esto, Cifuentes, en un primer momento, redujo al máximo sus apariciones públicas, decidió enrocarse y resistir. Solo se iría si Rajoy se lo pedía directamente.

Poco a poco, la presidenta recuperó su agenda habitual y cada vez que lo hacía repetía que no dejaría el cargo porque no había cometido «ilegalidades, no estaba imputada y no ha había incumplido el acuerdo de investidura». La tensión a su alrededor crecía, lo que provocó incidentes entre la prensa y la seguridad de la presidenta, que se vio incrementada en los últimos días.

Mientras tanto, las posiciones en el partido a nivel nacional eran contradictorias pese al intento de «unidad y apoyo» que se intentó trasladar en el Congreso de Sevilla de hace tres semanas, impulsado por la ministra de Defensa y secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal.

Un sector en Génova apostaba por no aceptar la petición de Cs y no dejar caer a Cifuentes mientras que otros creían que los naranjas no podían ganarse otra pieza del PP, tras la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Pese a la división interna, todo el partido paso al ataque y acusaron al resto de formaciones de tener personas en sus filas que también habían falseado sus currículums. Así, cada intervención pública de los dirigentes del PP desviaba las preguntas hacia esta cuestión. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantenía en público su apoyo implícito a la presidenta.

Con el Dos de Mayo a la vuelta de la esquina, el nerviosismo crecía dentro del PP ya que normalmente asisten a este acto altos cargos. La propia Cifuentes anunció el martes los galardonados de ese día, y, aunque apostó por no hablar de «futuribles», se daba por hecho que sería ella quien los entregaría.

SALIDA PRECIPITADA

Pero, como ella misma ha dicho en su última comparecencia como presidenta regional, un vídeo publicado por Okdiario , en el que se la sorprendía robando cosméticos en un supermercado, ha precipitado los acontecimientos.

Cifuentes aseguró que hace bastante tiempo se ha gestado una campaña de «acoso y derribo» contra ella, «que dejo de ser política para convertirse en personal». «Creo que se han pasado unas líneas rojas evidentes», esbozó, para a continuación incidir en que tener «tolerancia cero contra la corrupción tiene un precio». «Hay que pagar», concluyó.

Su salida, tras 36 días aguantando en un puesto que le había costado años y mucho esfuerzo alcanzar abre viejas heridas en el PP madrileño, que ahora tiene que buscar candidato. Los afines a la presidenta apuestan por que todo el control hasta las elecciones de 2019 recaiga en el número dos de Cifuentes, Ángel Garrido, mientras que en Génova recuerdan que son ellos los que elegirán al candidato.

Por su parte, Cifuentes sí ha dejado claro que, por el momento, no deja su acta de diputada en la Asamblea de Madrid así como su intención de seguir al frente del PP en la región, al que llegó hace apenas un año.