Covite denuncia otras cinco concesiones «fraudulentas» de terceros grados a «etarras no arrepentidos»

Critica que Aukerak , dependiente del Gobierno Vasco, «se ha convertido de facto en una agencia de colocación para presos de ETA»

SAN SEBASTIÁN, 12

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que «otros cinco etarras vinculados a la izquierda abertzale, y por tanto no arrepentidos», han accedido al tercer grado. Además, ha censurado que la política penitenciaria de concesión de «terceros grados fraudulentos a etarras que no están arrepentidos» supone «un ataque frontal al derecho de las víctimas a la justicia».

Según ha detallado en un comunicado, por un lado, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado a Asier Mardones Esteban, Josune Oña Ispizua y Diego Ugarte López, «todos ellos condenados por delitos de asesinato».

Por otro lado, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno central, ha concedido el tercer grado a los presos de ETA María Jesús Arriaga Martínez y Aurken Sola Campillo, que cumplen condena en la prisión de Pamplona.

Covite ha censurado todas estas progresiones de grado porque, «una vez más, ninguno de estos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para que se beneficien de estas progresiones, que es el arrepentimiento».

Así, ha señalado que, a través de los actos de enaltecimiento y de apoyo a ETA que el colectivo registra desde hace años en su Observatorio de radicalización, ha comprobado que todos estos presos de ETA «están en la órbita de la izquierda abertzale y son exhibidos como héroes en las herriko tabernas y en las manifestaciones en las que exigen sus excarcelaciones como presos políticos «. «No hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes», ha añadido.

«La izquierda abertzale prohíbe expresamente, desde hace muchos años a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no deberían progresar en grado, puesto que así está establecido en la ley», la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Ordóñez ha insistido en que los representantes públicos, «que son quienes deberían velar por nuestro derecho a la justicia y por cumplir la ley», están «vulnerando el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas, que es conseguir la reinserción de los penados».

«Solo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en la reinserción de los condenados por terrorismo de ETA. Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares», ha reiterado.

La presidenta de Covite ha añadido que está en juego «asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA, lo cual no se está haciendo».

En este sentido, desde el colectivo han insistido en que «la ley es muy clara: exige signos inequívocos de arrepentimiento para progresar en grado». «Una carta manuscrita que nunca se hace pública, mientras siguen vinculados a Sortu, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento, será siempre una burla a este requisito legal. Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos», ha remarcado.

Asimismo, ha lamentado que este «fraude» se acometa «con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a estar personadas».

Así, ha denunciado que la Fiscalía últimamente «no solo no vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras sabiendo que no están arrepentidos».

AUKERAK

Por último, Covite también ha criticado que el Gobierno Vasco «solo se haya preocupado por la inserción laboral de los presos en cárceles vascas en el momento en que ya tenían a los presos de ETA en el País Vasco y cuando se hizo el traspaso de la competencia de prisiones».

Se ha referido así a la creación de la agencia Aukerak el 30 de septiembre de 2021. «Qué casualidad que el día anterior a la firma de la transferencia, que fue el 1 de octubre de 2021, se publicó en el BOE la creación de este macro ente público, con el único objetivo de poder cumplir con el único requisito legal que se exige a los presos para progresar en grado y que no se puede burlar: la acreditación de tener un trabajo fuera de la cárcel», ha destacado Ordóñez.

«¿Acaso antes de que llegaran los presos de ETA a las cárceles vascas no había allí miles de presos que también tenían derecho a progresar en grado y necesitaban acreditar este requisito?», ha ironizado.

A su juicio, esta agencia pública, dependiente del Gobierno Vasco, «se ha convertido de facto en una agencia de colocación para presos de ETA» porque los trabajos que consigue al resto de presos «es simplemente una tapadera para ocultar el verdadero objetivo por el que se creó Aukerak » y el resto de los presos que se encontraban en las cárceles vascas hasta el 30 de septiembre de 2021 «jamás les han importado».

En este sentido, Consuelo Ordóñez se ha quejado de que «jamás les hemos importado las víctimas del terrorismo y por eso nunca crearon algo así para ayudar a la reinserción laboral de las viudas que tuvieron que sacar a sus niños adelante, de esos cientos de huérfanos que dejaron los terroristas».

«En Covite sabemos muy bien lo que es atender a víctimas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y necesidad. Hemos tenido que ayudarles para que pudieran comer. Muchas víctimas hoy en día están en riesgo de exclusión social. Vamos a exigir al Gobierno vasco que cree una agencia similar para facilitar la contratación de víctimas del terrorismo que estén en estas situaciones. Basta ya de que solo se ocupen de favorecer a los que han matado o intentado matar a nuestros familiares», ha concluido.