Coronavirus.- Cantabria lleva a la Fiscalía a un restaurante de Comillas por abrir con trabajadores positivos

Estaban trabajando 9 de los 12 empleados que debían aislarse: cinco por contagio y siete de forma preventiva hasta el resultado del test

El Gobierno de Cantabria va a denunciar ante la Fiscalía por un posible delito de salud pública a los responsables de un restaurante de Comillas que ha mantenido su actividad con nueve de doce trabajadores que debían permanecer aislados, cinco de ellos tras haber dado positivo en coronavirus y los otros siete de forma preventiva, por haber sido contacto estrecho de los anteriores.

De este hecho y de la actuación del Ejecutivo, que también va a tramitar el correspondiente expediente sancionador, ha informado este jueves el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la situación de la pandemia en la región y de los acuerdos del Consejo de Gobierno semanal.

Según ha detallado, la Guardia Civil detectó ayer, miércoles, actividad en el restaurante comillano, en el que estaban trabajando nueve de los doce empleados que debían permanecer en aislamiento: cinco obligatorio por haberse contagiado y siete de carácter preventivo hasta que esté el resultado de la prueba practicada.

Ante esto, se levantó la pertinente acta, que se trasladará al Ministerio Público por incumplirse la cuarentena que deben guardar quienes contraen el Covid-19 y, también en este caso, los sospechosos de haberse infectado.

El consejero ha recordado al respecto que los casos positivos o aquellos que tienen que permanecer en aislamiento no pueden desarrollar su labor profesional, pero «nada impide» a un establecimiento o negocio continuar con su actividad contratando a otras personas si es necesario.

Además, el titular de Sanidad de Cantabria ha recordado que el protocolo establecido a nivel nacional establece que los contactos estrechos -durante un tiempo de 15 minutos- de un contagiado deben someterse a una prueba PCR para determinar si son o no positivos en Covid y han de mantenerse en cuarentena hasta que esté el resultado, ya que a veces un test que inicialmente da negativo «se positiva más tarde». Por eso, se recomiendan diez días de cuarentena.

PRUEBAS A CLIENTES

Por otro lado, a propósito del bar de Castro Urdiales con un trabajador contagiado y cuyos clientes no tienen que hacerse la prueba ni guardar cuarentena -según aclaró Salud Pública, después de que Protección Civil avisara de lo contrario en redes sociales- el consejero ha señalado que «normalmente» no se da un contacto estrecho entre empleados y clientes de un negocio de hostelería y que además, ha recordado, deben llevar mascarilla (su uso es obligatorio en Cantabria desde mediados de julio aunque se han abierto en torno a 200 expedientes por incumplir esta medida).

Pero si en un supuesto se da una relación estrecha, también se haría la prueba al cliente, ha indicado, pare recordar en todo caso que una de las funciones de los rastreadores es precisamente establecer quiénes han sido los contactos de un positivo.

Preguntado por el hecho de que en otras comunidades, como País Vasco, si se estén haciendo PCR a la clientela de establecimientos hosteleros donde se registran casos Covid, Miguel Rodríguez ha contestado que a juicio de la Dirección General de Salud Pública de Cantabria es un criterio «excesivamente amplio y desproporcionado».

REGULACIÓN DEL OCIO NOCTURNO

Finalmente, cuestionado por la regulación del ocio nocturno, que en Cantabria está limitado hasta las dos de la madrugada -decisión que el sector va a recurrir en los tribunales y que el consejero desconocía en ese momento- ha destacado que es algo planteado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, «extensivo» a todas las comunidades autónomas.

Además, ha agregado el Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, ha elaborado un informe sobre el ocio nocturno para que se regule estableciendo horas límite de cierre.

Y, en cualquier caso, ha reiterado que cuando Sanidad adopta una media no lo hace de forma «arbitraria», sino con «conocimiento de causa», y en este supuesto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «nos recomendaron encarecidamente que tomáramos esa medida», ha concluido.