Coordinadora antidroga reclama una ampliación de agentes en el Campo de Gibraltar tras tiroteos en Algeciras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19

Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas del Campo de Gibraltar, ha reclamado al Ministerio de Interior una ampliación del catálogo de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que consideran «obsoletos», al ser «importante» para hacer frente al narcotráfico tras los tiroteos ocurridos estos últimos días en Algeciras y que podrían estar relacionados con esta actividad delictiva y el fallecido en Los Barrios a consecuencia de una colisión entre dos embarcaciones dedicadas al contrabando de tabaco.

En declaraciones a Europa Press, Mena ha valorado positivamente prorrogar hasta 2025 el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, reconociendo el trabajo realizado por los agentes desde 2018, aunque matizando la necesidad de que esta comarca sea considerada Zona de Especial Singularidad, una reclamación que llevan «años» pidiendo las coordinadoras antidroga.

«El epicentro del narcotráfico está en el campo de Gibraltar, es verdad que luego irradia a otras provincias, pero por cercanía, por logística y porque las organizaciones que se dedican al narcotráfico casi todas son del campo de Gibraltar, consideramos muy importante que se aplique lo de Zona de Especial Singularidad», ha argumentado Mena.

En esa línea ha asegurado que esta declaración daría «estabilidad» a las plantillas que hay en la zona, con una compensación económica para los agentes que operan en esta comarca campogibraltareña, donde «hay mucha carga de trabajo». «Nosotros esperamos y queremos y deseamos que el Ministerio del Interior sea sensible a esa petición que hacemos desde el movimiento asociativo de lucha contra la droga», ha apuntillado.

Mena también ha considerado «fundamental» las operación contra el blanqueo de capitales que se han realizado dentro de este plan antidroga del Ministerio de Interior, al entender que con ello «se castiga» al narcotraficante «donde más le duele», en referencia al dinero obtenido por las ganancias del negocio de la droga. «Si va a la cárcel (el narcotraficante) y no pierde las posesiones que ha ganado, le sale barato el negocio», ha comentado.

Sobre esto, ha pedido que el dinero incautado «se revierta» en las zonas donde el narcotráfico «hace más daño», como es en este caso el Campo de Gibraltar, ya que actualmente se hace un reparto proporcional y a esta zona llegan «migajas». Este dinero se entregaría a ayuntamientos y movimientos asociativos de lucha contra la droga para que «ya que tenemos el estigma» por la presencia del narcotráfico, «al menos se nos recompense con ese dinero que puede valer para hacer políticas activas de empleo y políticas sociales», ha dicho Francisco Mena.

Respecto a las plantillas existentes dentro de este plan antidroga, ha valorado bien el anuncio de Interior de que se consiga una ocupación efectiva «del cien por cien» del catálogo de puestos de trabajo, aunque ha recordado que actualmente se encuentra al 90% y que es «importante» que se produzca una ampliación de efectivos ya que el catálogo actual está «obsoleto», tiene «más de 20 años» y «no muestra la realidad que tiene el Campo de Gibraltar» en lo que tiene que ver con inmigración, en prisiones y narcotráfico.

«La presión policial es muy importante y esa viene de la mano de que haya muchos más agentes en las calles, patrullando y sobre todo haciendo labores de investigación que es fundamental como hemos visto en las diferentes intervenciones y actuaciones que se han hecho de blanqueo de capitales», ha aseverado Mena.

El cuarto plan del Campo de Gibraltar, que entró en vigor con la llegada de Fernando Grande-Marlaska a la cartera, ha dejado un saldo desde julio de 2018 hasta el pasado 31 de agosto –última estadística disponible– de 19.063 operaciones de las Fuerzas de Seguridad (de las que 15.446 ya están judicializadas), permitiendo la incautación de 1.387.832 kilogramos de hachís, 87.786 de cocaína y 104.018 de marihuana y otras sustancias. Además, ha dejado en cinco años en vigor 17.635 detenidos o investigados por delitos de narcotráfico y contrabando.