Consumo decide sancionar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, según Facua

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido imponer una sanción por un total de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del Departamento que dirige Pablo Bustinduy.

«La Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar por un total de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro por los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción y otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria», ha avanzado este viernes la asociación en un comunicado.

Hace unos meses, Consumo abrió un expediente sancionador a una «gran agencia inmobiliaria» por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa.

Posteriormente, Facua informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.

En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro.

En el expediente sancionador, firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, se desgranan «una tras otra las numerosas irregularidades que localizadas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios».

Entre las prácticas fraudulentas detectadas figura «la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar –cuestión que también debe competer al arrendador– y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales», ha detallado Facua.

La asociación de consumidores fue la primera denunciante en el proceso contra Alquiler Seguro y es parte en el procedimiento.

En concreto, Facua denunció a la inmobiliaria en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un «servicio de atención al inquilino» que incluía, entre otros, asesoramiento para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros energéticos, asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler e incluso resolución de siniestros e incidencias, una gestión que en muchos casos corresponde al propio arrendador.

La resolución sancionadora concluye que la inmobiliaria ha cometido seis infracciones calificadas como «muy graves» y una como «grave» en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Las seis infracciones «muy graves» han derivado en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave se sanciona con 10.001 euros. En total, 3.600.902 euros.

Ahora, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa.