Consejera madrileña asegura que reforma de la Ley Trans «no quita ni un derecho»

Insiste en que se mejorarán las condiciones del colectivo y se muestra preocupada «por la manipulación informativa»

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha pedido no desviarse «con el ruido ni los cantos de sirena» que el anuncio de la reforma de la Ley Trans autonómica –al igual que la LGTBI, ambos registrados por el PP en la Asamblea autonómica–, ha generado, y ha defendido que esta modificación «no quita ni un derecho».

Durante su participación este lunes en un desayuno sociosanitario organizado por Europa Press, Matute ha admitido que aunque se trata de una legislación que lidera el área de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, todos los miembros del Gobierno autonómico están «implicados».

La consejera de Sanidad ha subrayado que la proposición de ley de la Ley Trans «despolitiza el tratamiento de los pacientes con disforia de género» y se les provee de «acompañamiento por profesionales» de una forma «transparente y clara».

Así, la titular de Sanidad ha insistido en que «no se está tocando» ni un solo derecho a estas personas «como a ninguno de los madrileños», algo que, ha remarcado, supone «una máxima» de la Comunidad de Madrid.

Fátima Matute se ha reconocido preocupada «por la manipulación informativa» en torno a una reforma legal que «no ha hecho otra cosa que mejorar las condiciones» de las personas trans, a las cuales no se prive de «ni un derecho», ha insistido.

LA REFORMA DE LA LEY TRANS

La modificación registrada por el PP de la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid suprime una decena de artículos y epígrafes y modifica otra decena. En la misma se abordan cambios que van desde el concepto identidad de género, que se elimina y pasa a ser transexualidad o condición sexual, a medidas en el ámbito deportivo, administrativo y educativo.

En la parte administrativa se elimina que la Comunidad provea de acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada para todos los que lo soliciten y que el Ejecutivo autonómico fomentará el respeto a la identidad y expresión de género en medios públicos y sostenidos por fondos públicos y el código deontológico de los mismos para prohibir la discriminación.

Se quita de la norma la inversión de la carga de la prueba por la que cuando alguien denunciaba unos hechos tránsfobos probados debía el demandado demostrar que había actuado correctamente y la necesidad de evaluaciones del impacto sobre la identidad de género en leyes de la Comunidad.

En Sanidad se marca que los menores deberán pasar por un examen de los pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que en el conjunto de las personas trans la atención psicológica o valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación.

En educación se eliminan estos contenidos de los currículos y en las actividades diferenciadas por sexos se respetará a la persona transexual «sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de alumnos».

En deporte se repite esta fórmula respecto a los vestuarios e instalaciones deportivas con énfasis en el deporte femenino, sobre el que se añade un párrafo en defensa de sus «conquistas ganadas a lo largo de los años». Se eliminan también las infracciones y sanciones de esta Ley.