Congreso y Senado votan mañana una propuesta de PP para reprobar a los responsables de la Generalitat por Diplocat
Vox pide que se cierren las delegaciones y el PSOE aboga por encargar al Gobierno directrices para regular la acción exterior autonómica
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas votará este martes una propuesta del PP para reprobar a los responsables de Diplocat y a los líderes independentistas de la Generalitat por haber usado las llamadas embajadas catalanas para favorecer el referéndum de secesión de 2017, tal como se recogió en su informe el Tribunal de Cuentas, que tiene pendiente una sentencia por responsabilidad contable.
Fue en mayo cuando la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentó ante las Cortes ese informe de fiscalización las políticas de acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre los ejercicios 2011 y 2017, que la comisión mixta fue relegando durante años. Y es ahora, en 2024, cuando los grupos parlamentarios han podido presentar sus propuestas de resolución, que se votarán este martes en el Congreso.
En las propuestas de resolución registradas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP plantea que la comisión mixta constate que las embajadas catalanas dedicaron numerosas acciones y recursos públicos a impulsar el procés y conseguir apoyos para el mismo «de forma desleal con el Estado» y que repruebe a sus máximos responsables políticos por las «irregularidades» detectadas por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, los populares quieren emplazar la Generalitat a ejercer las políticas de acción exterior bajo el principio de «lealtad institucional mutua» y en coordinación con el Estado, a que sus embajadas realicen informes de gestión de sus actividades detallando sus costes y a «exigir el control de la actividad económico financiera» y «mecanismos de control interno» de las mismas.
De su lado, Vox aboga en sus propuestas por reclamar al Gobierno el «cierre inmediato» de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, a dejar de sufragar con dinero público «actividades separatistas» y a promover la asignación de recursos a fomentar la «unidad nacional y la convivencia pacífica entre españoles».
PSOE: QUE PONGA ORDEN EXTERIORES
El PSOE, por su parte, quiere que el Gobierno, en el ejercicio de su función directiva de la política exterior, marque directrices para regular la acción exterior de las comunidades autónomas y sus embajadas así como los procedimientos para hacer efectivas la competencia estatal de coordinación de esta acción en el exterior.
En concreto, el PSOE pretende aprovechar este trámite para que las Cortes insten al Gobierno a que «regule el procedimiento a través del cual las comunidades autónomas puedan poner de manifiesto sus necesidades, prioridades y criterios en orden al desarrollo de sus competencias de acción exterior».
Asimismo, es partidario de que el Ejecutivo «establezca los sistemas y procedimientos a través de los cuales se hacen efectivas sus competencias de coordinación y dirección de la acción exterior, así como la participación autonómica en el control y valoración del ejercicio de esa función en lo que respecta a las competencias de aquellas».
El PSOE también quiere que las Cortes insten al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas entre las que destacan que se coordine con Exteriores en la planificación de sus actividades de acción exterior y le informe de sus planes.
También que establezca «un riguroso sistema de control interno y sistemas periódicos de control efectivo que impidan la realización de gastos sin ajustarse a la legalidad vigente» y que sus delegados se reúnan con los órganos de representación exterior del Reino de España para «permitir el control de la actividad por aquellos desarrollada y su coordinación bajo la dirección del Gobierno de la Nación».
ERC Y BILDU DESCALIFICAN EL INFORME
Por su parte, ERC y Bildu dedican sus propuestas de resolución a pedir medidas para evitar que el Tribunal de Cuentas «invada competencias propias del Tribunal Constitucional» como, a su juicio, ha hecho al someter a análisis de constitucionalidad la acción de exterior de Generalitat.
Las formaciones independentistas denuncian que el informe del Tribunal de Cuentas no es «ni objetivo, ni imparcial, ni ponderado , ni equilibrado» y está «lleno de juicios de valor» y critican que las Cortes lo hayan debatido cuando hay instrucciones de procesos penales que tienen su origen en el mismo sin «respetar la presunción de inocencia». Además, defienden que el informe debería revisarse, «vista la inminente entrada en vigor de la Ley de Amnistía».
Este informe del Diplocat dio origen a un procedimiento de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas, con el expresidente Carles Puigdemont y otros altos cargos procesados, que está pendiente de sentencia y que se ha parado con la entrada en vigor de la amnistía ya que la institución ve motivos para presentar una cuestión prejudicial ante la Justicia europea.
