Congreso y Senado piden que las coaliciones electorales, como Sumar, presenten cuentas anuales para ser fiscalizadas


La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes sendas propuestas del PP y del PSOE pidiendo reformas legales para que las coaliciones electorales, como Sumar, presenten cada año sus cuentas para que puedan ser fiscalizadas.

Hasta ahora las coaliciones deben presentar sus cuentas relativas a las elecciones en las que han concurrido, pero la exigencia de una revisión anual sólo afecta a los partidos políticos que las integran. El cambio que se propone exige una reforma de la ley orgánica de Financiación de Partidos Políticos.

Además, y a iniciativa del PP, se ha aprobado otra propuesta de resolución para emplazar al Ministerio del Interior a regular el contenido mínimo para la inscripción de un partido político, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas, y a crear una sección específica para el registro de coaliciones electorales en ese registro.

Las propuestas aprobadas, relativas al informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad anual de los partidos en los años 2018 y 2019 y recogidas por Europa Press, animan también a definir claramente lo que debe entenderse por aportaciones y donaciones, para tener claro en qué cuentas bancarias deben ingresarse, así como a imprimir un mayor control sobre los llamados microcréditos online que se hacen a los partidos y las personas que los realizan.

Sobre las fundaciones vinculadas a partidos políticos, se ha reclamado igualmente que se establezca como requisito en las convocatorias de las subvenciones públicas dirigidas a estas entidades que las mismas estén inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos.

REGULAR REGALOS Y OBJETOS

Lo que se ha rechazado es la propuesta del PSOE para cambiar la legislación vigente para sancionar a los partidos que no publiquen en sus web los correspondientes informes de control interno. También se desestima instar las formaciones políticas a contar con órganos de vigilancia en el sistema interno de control integrados por personas que reúnan «garantías de independencia respecto del máximo órgano de gobierno de partido».

El PP ha tumbado igualmente otras propuestas socialistas para instar a los partidos a incorporar métodos para la valoración de riesgos, a prever en los códigos de conducta aquellas prácticas de sus empleados y cargos públicos que no «resulten admisibles» y a definir lo que debe entenderse como regalos u obsequios de cortesía.

Por último, se ha rechazado la propuesta de Vox de modificar la Ley de Financiación de Partidos para definir el concepto específico de «donación finalista», de las actividades ordinarias de los partidos y de los beneficios que obtienen por actividades promocionales, asuntos por los que el tribunal ha señalado a la formación que lidera Santiago Abascal.

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