Congreso avala a Carmen Calvo para presidir el Consejo de Estado con el voto del PSOE y sus socios, incluido Junts

La oposición niega que sea una jurista de reconocido prestigio, la misma condición por la que se anuló el nombramiento de su antecesroa

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado este jueves el visto bueno a la exvicepresidenta del Gobierno y exdiputada socialista Carmen Calvo para que sea nombrada presidenta del Consejo de Estado, gracias a los votos a favor del PSOE y sus socios de investidura.

Por el contrario, PP, Vox y UPN votaron en contra y pusieron en cuestión la idoneidad de Calvo para este cargo pues, a su juicio no cumple uno de los requisitos, ser una jurista de reconocido prestigio. En concreto la votación se ha saldado con 19 apoyos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV y 18 noes del PP, Vox y UPN.

Aunque los socios independentistas del Gobierno han apoyado el nombramiento, ninguno de estos partidos ha querido intervenir en el examen parlamentario a la política socialista, a la que habían cuestionado en el pasado por su vehemencia en el rechazo de la Ley de Amnistía que promovieron las asociaciones independentistas en 2021, que tachó de inconstitucional e invasiva del Poder Judicial.

Tampoco ha tomado la palabra el PNV, cuyo titular estaba de baja. Podemos, que como ERC y Bildu, ha criticado las posiciones de Carmen Calvo en materia de Igualdad, especialmente por su rechazo a la Ley Trans, tampoco ha estado en el debate, pero en su caso porque no tiene asiento en la Comisión Constitucional.

En su réplica Calvo se ha defendido de las críticas que ponían en duda su calidad como jurista señalando que el prestigio es un concepto jurídico «indeterminado» y ha lamentado que no se puedan ponderar los conocimientos acumulados durante los años que ha ocupado cargos de responsabilidad política.

CRÍTICAS POR LA LEY TRANS

Desde Sumar, la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil de Reboledo, ha avalado la «idoneidad» técnica de Calvo para el puesto y su «capacidad como jurista», pero ha confesado tener el «alma dividida» por las declaraciones críticas con la Ley Trans expresadas en su día por la candidata.

Gil de Reboledo ha echado mano de la preocupación expresada por organizaciones del colectivo LGTBI ante el nombramiento de Calvo y ha vuelto a denunciar el de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres, a la que ha acusado de «menospreciar e insultar a las mujeres y a las personas LGTBI. En cualquier caso, ha rechazado entrar en «guerras entres nombres propios» y ha defendido que la «mejor manera de combatir la transfobia es con argumentos, razones y explicaciones».

«Las mujeres no somos paritorios, vientres o úteros andantes. No nos regimos por ninguna mística de feminidad y a ninguna mujer nos quitan los derechos al otorgárselos a las personas trans», ha enfatizado, lamentando que «una gran parte de la izquierda» haya comprado ese discurso y lo comparta con «la ultraderecha».

NUNCA HA PROMOVIDO LA DISCRIMINACIÓN

Calvo ha respondido a la representante de Sumar que a lo largo de su trayectoria nunca ha estado en un lugar en el que se promueva la discriminación «de nadie por ninguna causa».

La exvicepresidenta mantiene una posición discrepante con Sumar y con parte del PSOE sobre la Ley Trans con Sumar y por tanto se abstuvo en la votación de esta norma en el Congreso, en contra del criterio marcado por su partido.

A este respecto, ha señalado que hay conceptos que requieren debate, argumentos y profundidad y ve normal que se mantengan posiciones diferentes. Pero en todo caso reitera que nunca ha promovido ni consentido la discriminación de nadie por ninguna causa.

«NI PRESTIGIO NI PRINCIPIOS»

El PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han defendido que Calvo no es idónea para presidir el máximo órgano consultivo del Estado. Además, la popular Carmen Navarro y el diputado foralista Alberto Catalán, han enmarcado su nombramiento en lo que consideran «colonización de las instituciones» por parte del Gobierno.

«Ni prestigio ni principios», ha sentenciado Navarro, quien ha afeado a la exvicepresidenta los principales «atropellos» legislativos que le achaca el PP: su apoyo a la ley del sólo sí es sí , su «tímida abstención» a la ley trans –«pese a contar con un dictamen en contra del órgano que ahora pretende presidir»– y su respaldo a la proposición de Ley de Amnistía.

Calvo ha rechazado que su paso del Congreso al Consejo de Estado sea una «puerta giratoria» y ha asegurado que acude a presidir este órgano para servir a su país «una vez más.

NO ES CATEDRÁTICA

Desde Vox, Carlos Flores Juberías ha indicado que la candidata cuenta con una «carrera funcionarial muy meritoria», pero no es «una jurista de reconocido prestigio». Para avalarlo, ha reseñado que no ha pasado de ser profesora titular de Derecho Constitucional, que no tiene un cum laude , que su tesis es muy difícil de encontrar y que, encima, tiene «179 erratas y 30 faltas de ortografía», según un medio de comunicación. También le ha echado en cara que sólo haya «dirigido media tesis», que no tiene publicaciones en revistas científicas y que carece de «sexenios».

Por contra, Calvo se ha defendido señalando que tiene un currículum «en el feminismo jurídico» y ha acusado al diputado de Vox, que es catedrático de Derecho Constitucional, de pertenecer a una larga lista de juristas varones que han hecho imposible introducirlo en la academia porque no lo consideran propio del desarrollo jurídico de la democracia.

Ante estos reproches ha señalado que es consciente de que ha dedicado más tiempo de su vida a la política que a la academia, pero a la vez ha reivindicado que por sus manos han pasado proyectos de ley e informes técnicos, y ha atesorado una experiencia que le ha permitido aprender más de derecho que «en ningún lugar teórico».

De su lado, Catalán ha recordado que el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio precisamente por no ser una «jurista de reconocido prestigio», ha puesto en duda que Calvo lo sea y ha explicado que su rechazo al nombramiento se asienta en que no le otorga «credibilidad» por su supuesto cambio de opinión sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.