Comunidad Madrid apunta a que el ciberataque al abogado del novio de Ayuso podría estar relacionado con el Gobierno

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este viernes a que el Ejecutivo central podría estar relacionado con el hackeo que han sufrido los ordenadores del despacho del abogado del novio de la dirigente regional y del fiscalista que lleva su inspección fiscal.

«El sistema de entrada en los sistemas es muy sofisticado y solo al alcance de los Estados», han señalado fuentes del Gobierno regional tras conocerse la denuncia interpuesta por el abogado ante los juzgados de instrucción de Madrid.

Posteriormente, preguntada por estas palabras, durante un acto en la Real Casa de Postas, la presidenta ha contestado que «se supone que el Estado está para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos» pero aquí lo que está ocurriendo es «todo lo contrario».

«Se trata del Estado de Derecho y yo creo que la sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este Gobierno tendrá que tener en frente o contra él a todos los poderes del Estado, como estamos viendo, y será despojado de sus derechos como también estamos viendo», ha señalado, al tiempo que ha censurado que se busque «intentar aniquilar al adversario político».

Ayuso ha denunciado que se haya «esparcido por determinados medios de comunicación el expediente completo de un particular» revelando «su defensa» y ha recordado que «el Colegio de Abogados y otros muchos» han puesto por ello «el grito en el cielo». La presidenta ha criticado que su pareja esté siendo «condenado sin un juicio» así como que se estén «vertiendo todo tipo de difamaciones» cuando él «ni siquiera ha pasado por un juzgado».

Además, ha censurado que la Fiscalía no haya «protegido» el expediente, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «lejos de cumplir con sus obligaciones de sigilo con respecto a un contribuyente» lo haya «cacareado» y que desde «todas las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, a través de su portavoz, de 22 ministerios, del delegado del Gobierno y de todo aquel que han considerado» hayan empezado «a esparcir información sobre un ciudadano particular».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha sostenido que alerta de esto no como «pareja» sino como «representante político» que exige al Gobierno «que garantice que todos los españoles sean tratados por igual, aunque algunos de esos particulares tengan una relación sentimental con un adversario político».

Así, ha recordado que se ha interpuesto ya una denuncia por lo sucedido y ha pedido que se depuren «responsabilidades» y «que se sepa qué ha sucedido» porque se está ante «un hecho gravísimo».