Comunidad de Madrid cifra en 5.900 millones el coste para los madrileños de la armonización fiscal, que ve «un atentado»

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha denunciado que la armonización fiscal que pretende «imponer» el Ejecutivo central es «un atentado contra las competencias autonómicas en material tributaria, además de ser una vulneración del principio de lealtad institucional».

Según ha detallado Lasquetty, la armonización fiscal de los tributos de gestión autonómica supondría un coste de 5.900 millones de euros a los contribuyentes madrileños, concretamente 780 millones por el tramo autonómico del IRPF; 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones en Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

Así lo ha trasladado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, durante su intervención en la sesión El Impuesto sobre el Patrimonio, fundamentos y límites , englobada en la Cátedra Deloitte Legal de Tributación Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas.

En este sentido, ha recordado que el impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas, está bonificado al 100 por ciento en Madrid desde 2008, así como que la existencia de dicho tributo es una anomalía que sólo se produce en España.

«Se trata de un impuesto injusto y arcaico que grava por duplicado la misma propiedad, declarada también en el IRPF y, en el caso de inmuebles, en el IBI. Además, es un impuesto ineficaz, que desincentiva el ahorro», ha remarcado.

Por ello, ha incidido en que «si se consumasen las intenciones del Gobierno y del independentismo catalán, los damnificados serían los ciudadanos madrileños, que son los que verdaderamente van a sufrir la eliminación de bonificaciones». «Cuando se habla de armonización fiscal, realmente se trata de subirle los impuestos obligatoriamente a los madrileños», ha espetado.

Para el titular de Hacienda, «la intromisión en el Impuesto de Patrimonio es sólo la avanzadilla de las intenciones reales del Ejecutivo, que tiene en el punto de mira las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones que se aplican en la Comunidad de Madrid».

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