Compromís pide cuentas a Marlaska por los policías infiltrados en movimientos sociales y exige control judicial


La portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha exigido explicaciones a ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la infiltración de policías en movimientos sociales, «vulnerando el derecho a la intimidad» de activistas, y ha exigido control judicial sobre este tipo de operaciones.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Micó ha anunciado el registro de una batería de preguntas para que Interior detalle bajo qué paraguas jurídico se está haciendo uso de esa figura que, ha recordado, inicialmente sólo tendría que utilizarse para investigaciones sobre terrorismo o tráfico de drogas.

Micó ha lanzado esta exigencia a raíz de un documental sobre este tipo de actividades en ámbitos independentistas emitido en la televisión pública catalana y ha denunciado que también se han detectado casos de infiltraciones en la Comunidad Valenciana.

La diputada se ha referido, en concreto, al hecho de que una de estas policías infiltradas llegase a mantener una relación de pareja de tres años con uno de los hombres del grupo al que vigilaba, «afectando así a su derecho a la intimidad».

Además, se ha mostrado a favor de que Marlaska comparezca ante la Comisión de Interior del Congreso para dar explicaciones, como ya ha pedido Junts, así como de que se estudie una eventual modificación legal para prohibir que se recurra a infiltraciones «que puedan ir en contra de los derechos fundamentales».

EL GOBIERNO ALEGÓ QUE ERA «SECRETO»

El pasado mes de junio, el también diputado de Compromís Alberto Ibáñez ya preguntó a Interior sobre este tema. En concreto, quiso saber cuántas infiltraciones se han producido desde 2020 en grupos en defensa del derecho a la vivienda, sindicatos o grupos ecologistas y cuántas en bancos privados, fondos buitre, petroleras y empresas farmacéuticas.

Ibáñez pidió esos datos después de que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, asegurara en el Congreso que nunca se hacían infiltraciones por motivos ideológicos sino siempre para buscar la prevención del delito.

Pero el Gobierno no respondió a sus preguntas alegando que «la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información», al igual que «sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas», tiene carácter «secreto».

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