Competencia de México desbloquea la venta de activos de Iberdrola al Gobierno del país por 5.573 millones

Iberdrola, tras alcanzar este hito, prevé que la operación se cierre en las próximas semanas

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) de México ha dado su visto bueno a la operación de compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica de Iberdrola por el Gobierno mexicano por un importe de 6.000 millones de dólares (unos 5.573 millones de euros).

De esta manera, se desbloquea una operación que se anunció en abril del año pasado y que, en principio, estaba previsto que se hubiera cerrado antes de finales de 2023, aunque los problemas para recibir la luz verde de la autoridad de competencia la fueron retrasando.

El visto bueno del regulador antimonopolio del país, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones habituales en este tipo de procesos no interferirá con el cierre de esta transacción, tal y como anunció el Gobierno Federal de México.

Esta autorización representa así el último hito necesario para cerrar la operación, que Iberdrola prevé que se produzca «en las próximas semanas, dado que el proceso de financiación ya ha sido aprobado y firmado», informaron en fuentes de la compañía.

Así, Iberdrola llegará previsiblemente al lanzamiento de su nuevo plan estratégico, que anunciará con motivo de su Capital Markets Day el próximo 21 de marzo, con esta operación ya cerrada.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán venderá a la sociedad estatal México Infraestructure Partners con la financiación del Fondo Nacional de Infraestructura Mexicano (Fonadin) más de 8.400 megavatios (MW) de ciclos combinados de gas -que suponen el 55% del negocio en el país- por 6.000 millones de dólares.

El acuerdos sellado en abril del año pasado entre Galán y el presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, abría así una nueva etapa en la relación de la energética con el Gobierno del país.

En concreto, la operación de desinversión incluía los ciclos combinados de gas, que operan bajo régimen de Productores Independientes de Energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California, Topolobampo II y Topolobampo III, junto con el activo eólico La Venta III, que suponen un 87% del total de la capacidad instalada a desinvertir, y los ciclos combinados de gas privados de Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek.

Iberdrola confirma su apuesta por México reafirmando su liderazgo como el principal generador privado de energías renovables con el respaldo del Gobierno Federal para continuar operando sus activos en condiciones de mercado e impulsar la transición energética en el país. De hecho, la energética cuenta con una cartera de 6.000 MW renovables en el país.

AGRADECIMIENTO AL «APOYO Y FLEXIBILIDAD» DEL GOBIERNO DE MÉXICO.

Además, la compañía agradeció «el apoyo y la flexibilidad mostrada por el Gobierno de México para alcanzar este acuerdo», a la vez que consideró a México «un país estratégico con potencial de crecimiento y expansión donde mostrará su apoyo a México y al Estado desarrollando capacidad renovable».

CONDICIONES A LA OPERACIÓN.

En un comunicado, Cofece indicó que el cumplimiento de estas condiciones «garantizará que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada».

Entre otras condiciones, Cofece establece que los compradores de las plantas estarán obligados a operarlas de manera independiente en el mercado, y evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores.

Además, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) deberán reducir y mantener su inversión en un máximo del 51%, lo cual debe concretarse en un plazo máximo de 24 meses.

También, entre estas condiciones, se deberá asignar a un administrador profesional independiente, quien será el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas de generación eléctrica en el mercado y se establecerán controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica a actuar con independencia y sin conflicto de interés.