Colectivos agrarios piden reformar por decreto la ley de cadena alimentaria, tras reunirse con PSOE, PP y Cs
Las asociaciones profesionales agrarias UPA, COAG y Asaja han reclamado este martes al Gobierno la reforma por decreto de la ley de cadena alimentaria y un «plan de choque» para el sector, una petición que han trasladado al PSOE el PP y Ciudadanos en sendas reuniones mantenido en el Congreso.
En el caso del PSOE, han celebrado que los dirigentes socialistas, entre los que se encontraba su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, hayan comprometido la celebración de una reunión «pronto» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las organizaciones agrarias han pedido a los partidos agilizar en el Parlamento las medidas que se impulsen para responder a sus reivindicaciones. En este sentido, han explicado que medidas como las dirigidas a cambiar la ley de cadena alimentaria, las rebajas de fiscalidad o en el precio de la energía «se pueden hacer de inmediato», sin que el trámite parlamentario «sea muy largo».
ESPERAN MEDIDAS EN EL PRÓXIMO CONSEJO DE MINISTROS
En declaraciones a los medios de comunicación han agradecido el respaldo de las tres formaciones políticas y su voluntad de «ayudar a tener una solución». «Entienden los problemas que estamos poniendo encima de la mesa», ha subrayado el presidente de Asaja, Pedro Barato.
«Queremos que la ley de la cadena alimentaria se modifique por decreto ley para que salga cuanto antes, y los partidos con los que nos hemos reunido se han comprometido a que lo van a apoyar», ha aseverado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, que ha confiado en que, con estos cambios, «cuando alguien intente abusar de una posición de dominio, la ley caiga sobre él».
Pedro Blanco, secretario general de COAG, ha expresado su deseo en que «esta semana o la próxima» el Gobierno ponga encima de la mesa para acabar con la venta a pérdidas, un refuerzo de los seguros agrarios, rebajas fiscales y compensaciones de costes ante la subida del salario mínimo y en el suministro eléctrico.
«Urge saber hasta qué punto llega el compromiso del Gobierno en lo que se refiere a contratos, costes, precios y márgenes comerciales. Es fundamental que se tome la referencia de los costes para fijar precios en los contratos», ha explicado.
