Colectivos afectados convocan este sábado una manifestación en Santander contra los eólicos

Piden la «nulidad radical» del parque del Escudo y se quejan de «falta de información» y «malas prácticas» de la empresa promotora

Colectivos vecinales y representantes del sector primario, la hostelería y el turismo de los valles pasiegos y las comarcas del sur de Cantabria han convocado para este sábado, 25 de junio, una manifestación que recorrerá el centro de Santander para protestar contra la implantación de polígonos eólicos en la región.

Con el lema ¡Sí a un medio rural vivo!¡No a los polígonos eólicos! , la protesta partirá de Correos a las 11.30 horas, en dirección a las sedes del Gobierno de Cantabria y la Delegación de Gobierno, para terminar en la plaza del Ayuntamiento de Santander.

Así lo han anunciado este lunes los representantes de los colectivos afectados en una rueda de prensa en la que han mostrado su rechazo a proyectos que consideran «una forma de abocar a los municipios afectados a la despoblación y la marginalidad productiva».

A su juicio, «eliminar la esencia» de los valles en los que hay proyectados parques eólicos –Campoo, Luena, Aguayo e Iguña– «pone en peligro la viabilidad de los negocios del sector primario, turístico, hostelero y comercial, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y de nuevas inversiones que en este momento están al alza en la zona, así como al valor patrimonial de cualquier propiedad».

Además, creen que con estas instalaciones se incidiría en el despoblamiento rural, ya que «se daría la vuelta a la tendencia poblacional de los últimos años», en los que se han asentado nuevas familias «por la calidad de vida».

Estos colectivos han remarcado que no están en contra del desarrollo de energías renovables, pero ven en los polígonos eólicos proyectados una «falta de ordenación y planificación territorial» que garantice la seguridad y compatibilidad con otros usos ya existentes.

Además, han criticado la «falta de información» facilitada por las administraciones públicas y empresas a los ciudadanos afectadas para poder generar un debate energético que «garantice una transición real justa».

Así, han explicado que el problema surge cuando la construcción de estas infraestructuras se «impone por parte del oligopolio energético y las administraciones para evitar un debate ciudadano con la población afectada y favorecer un discurso único de una falsa necesidad de soberanía energética».

Coincidiendo con el fin del plazo para la presentación de recursos de alzada a la autorización previa al proyecto del parque eólico de El Escudo, que termina hoy, han remarcado que la empresa promotora, Biocantaber, tiene seis meses para elaborar el proyecto definitivo en base a las exigencias impuestas en la declaración de impacto ambiental favorable, y que para él es necesario realizar sondeos que quieren «evitar a toda costa» porque «afectarían irremediablemente a hábitats prioritarios».

EVALUACIÓN «FRAUDULENTA»

Al hilo de este proyecto, que afecta a los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo, apuntan que ha recibido «cientos» de recursos y que cuenta con una evaluación de impacto ambiental «deficiente» y «fraudulenta». Según explican, «no estudia ninguno de los múltiples manantiales que hay en la zona», que abastecen al ganado y a los pueblos; además de que ha habido modificaciones en la documentación que no se han sacado a información pública.

También denuncian que afecta a paisajes relevantes, como el paisaje pasiego de San Pedro del Romeral; que «incumple» la Directiva Hábitats al irrumpir en un espacio incluido en Red Natura 2000; o que incumple los objetivos de emisiones de CO2, «destrozando las turberas (que son sumideros naturales de carbono)» y «emitiendo miles de toneladas» a la atmósfera.

Y aluden a «malas prácticas de la empresa», como un sondeo «ilegal, sin tener los permisos, que fue parado por el alcalde de Aguayo y un concejal de Molledo».

Por ello, exigen la «nulidad radical total» de la actuación del parque del Escudo y piden al Gobierno de Cantabria «que defienda los intereses de la ciudadanía y no los de la empresa Biocantaber, que ya se está viendo cómo actúa».

«De no abortar este engendro, sufriremos para siempre la ineptitud de nuestros políticos y la avaricia sin límites de las grandes eléctricas», han sentenciado en la rueda de prensa, ofrecida por el arqueólogo Manuel García Alonso; el arquitecto Domingo de la Lastra, miembro del Grupo Alceda de defensa del Patrimonio; Álvaro Carral, de la Quesería de La Jarradilla de Tezanos; Chema Mazorra, del Bar La Fonda de Bárcena de Carriedo; Fernando Garrido, de la casa rural de Lanchares; y Mónica González, vecina de Luena.