COAG acusa a la CNMC de proteger a la industria frente a los intereses de consumidores y olivareros

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la «incongruencia» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al proteger a la industria en contra de los intereses de consumidores y olivareros.

De esta forma, la organización agraria ha criticado el comunicado emitido el pasado 1 de octubre por la CNMC sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establece criterios para la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado y/o destinarlo a uso no alimentario en caso de exceso de oferta.

La CNMC señalaba que dicha norma podría «perjudicar a consumidores y operadores, especialmente a los de rentas más bajas, así como a distribuidores y exportadores».

COAG ha criticado este lunes estas afirmaciones, asegurando que «desvirtúan el verdadero objetivo de la medida» y revelan «la alineación del organismo con los intereses de la industria y del comercio frente a productores y consumidores».

El responsable estatal de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila, considera que el comunicado «deja en evidencia a quién sirve realmente la CNMC», un organismo público que «debería velar por la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado» pero que con este comunicado «no sólo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva».

El Proyecto de Orden está contemplado tanto en la normativa comunitaria como en la nacional (Real Decreto 84/2021), que se desarrollará con la nueva norma, y se activará en situaciones de sobreoferta, cuando las existencias iniciales más la producción alcance al menos el 120% de la media de las seis campañas anteriores, y sin que la retirada supere el 20% de la producción estimada.

Desde COAG se destaca que el objetivo de esta medida «no es encarecer el producto», sino «dotar de estabilidad al mercado, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores».

Del mismo modo, un estudio del Instituto de Estudios Giennenses y la Diputación de Jaén sobre la autorregulación del aceite de oliva revela que «los principales beneficiados serán los consumidores», pues, «aunque a corto plazo pueda haber un ligero aumento de precios en destino, a medio y largo plazo la norma contribuirá a rebajar y estabilizar los precios».

COAG denuncia además que la CNMC «nunca se pronuncia ni actúa frente a los desorbitados márgenes comerciales que se dan en el mercado, agravados en los últimos años», pues cada mes, el Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) elaborado por COAG muestra diferenciales de más de un 500% entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el lineal.

Ávila subraya que es «vergonzoso» que la comisión arremeta contra una norma «necesaria y beneficiosa», «mientras guarda silencio ante los abusos que sí perjudican directamente a los consumidores», señalando que, con esta postura, el organismo «defiende intereses ajenos al bien común».