CNC pide al Gobierno agilizar los préstamos ICO y reforzar la colaboración público-privada en vivienda
Demanda al Ejecutivo un Plan Renove de la maquinaria de las empresas constructoras, cuya edad media es de 20 años
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido al Gobierno agilizar los préstamos ICO y reforzar la colaboración público privada en materia de vivienda, durante la reunión en Moncloa de este jueves, que el presidente de CNC, Fernández Alén, ha calificado de «muy positiva».
En un comunicado, Alén ha recalcado el apoyo de la patronal de la construcción para aumentar la oferta de vivienda en España que, tal y como se planteó desde CNC hace algunas semanas, necesita alcanzar un ritmo de construcción de 150.000 viviendas anuales para aliviar los problemas de acceso a la vivienda en el país.
A lo largo del encuentro, CNC ha mostrado al Ejecutivo también la «conveniencia» de incluir en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un Plan Renove ante el envejecimiento de la maquinaria empleada por las empresas constructoras, cuya edad media alcanza los 20 años y se aproxima a la obsolescencia.
Así, han defendido que esta fórmula supondría «un impulso» para las pymes y autónomos, además de una vía para reducir de manera sensible las emisiones contaminantes.
QUIERE UN PROGRAMA DE AVALES PARA HIPOTECAS A JÓVENES
En paralelo, considera necesario implementar un programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los módulos de los planes de vivienda.
Desde el punto de vista fiscal, la patronal ha propuesto implantar bonificaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la compra de una vivienda en el medio rural.
De igual manera, la patronal de la construcción quiere reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal a través de la reforma del Código Penal para proteger y eximir del pago del IBI a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda y modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que estas personas puedan empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.