Cámara de España advierte del impacto en el sector marítimo de la directiva europea de derechos de emisión

La Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de España ha compartido con el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, su preocupación ante el impacto que representa la entrada en vigor, desde el próximo mes de enero, de la nueva normativa europea de mercados de derechos de emisión para el transporte marítimo.

Según está previsto y como parte del paquete Fit for 55 , desde el próximo 1 de enero de 2023, se extiende al transporte marítimo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de CO2 de la UE, para su aplicación progresiva en términos de pagos por derechos, hasta sus plenos efectos en 2026.

El presidente de la Comisión de Puertos, José Vicente Morata, ha defendido la necesidad de incluir medidas paliativas en la Directiva para preservar la competitividad de los puertos españoles y, de esta forma, la de las empresas y la economía nacional, recordando que el 60% de las exportaciones españolas salen por vía marítima.

Por su parte, Álvaro Rodríguez Dapena ha recordado el riesgo que supone la fuga de tráficos portuarios a países del entorno que no estén alineados con las medidas medioambientales propugnadas en la Directiva de la UE, sugiriendo la adopción de medidas transitorias o compensatorias.

Además, ha expuesto las implicaciones negativas que tendría la nueva normativa en la pérdida de conectividad del país, no solo para los puertos de la UE, sino también para el conjunto del tejido industrial que se mueve en torno a los puertos, y para el conjunto de la economía española.

DESVÍO DE RUTAS A PAÍSES NO UE

Los análisis efectuados en el seno de la Comisión de Puertos de Cámara de España apuntan a que de la entrada en vigor de la Directiva se derivará un desvío de rutas hacia puertos de fuera de la UE para tratar de eludir el pago de los derechos de emisión.

De esta manera, se incentivaría el surgimiento de «paraísos de CO2», generándose una fuga de emisiones de carbono desde la UE a países próximos, un proceso que también alargaría las rutas e incrementaría el uso del transporte de mercancías por carretera y cabotaje, lo que generaría un mayor volumen neto de emisiones y, por lo tanto, se alcanzaría el objetivo contrario al buscado con la nueva norma.

Por ello, la Cámara ha propuesto modificar de la definición de «Port of Call con el fin de evitar que una parada en un puerto de transbordo en un país no UE ponga a cero el contador de CO2 de la travesía, minorando así desvíos de rutas a puertos limítrofes a la Unión Europea.

Asimismo, urge a una transición más progresiva para rutas transoceánicas de más de 3.000 kilómetros, que evite el desvío hacia otros puertos no UE, y la puesta en marcha de un esquema de incentivos para operadores de rutas transoceánicas que realicen un número significativo de operaciones en puertos UE, de forma que frene el sobrecoste de los derechos de emisión y se evite así el cambio de rutas.