Ciudadanos recurriría los indultos a los presos del procés , que no pueden ser una «moneda de cambio» con ERC

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha denunciado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende usar los indultos a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña como «moneda de cambio» política con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y ha anunciado que, si se aprueba esta decisión, Cs la recurrirá en los tribunales.

«Desde Ciudadanos utilizaremos todos los medios jurídicos y políticos para evitar que el Gobierno indulte a los presos del procés o para luchar contra el indulto que el Gobierno quiera conceder a estos condenados en firme», ha declarado en rueda de prensa en la Cámara Baja tras asistir a la Junta de Portavoces.

Bal ha precisado que la formación naranja interpondría un recurso contencioso administrativo contra ese acto administrativo del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

Según ha explicado, la jurisprudencia indica que se ha «ampliado muchísimo» la lista de motivos por los cuales se puede recurrir un indulto y que, en aquellos casos en los que el Gobierno ha tomado una decisión en contra del criterio de la sala sentenciadora, muchos recursos han sido estimados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha acabado revocando los indultos concedidos.

El Tribunal Supremo prevé emitir su informe sobre el indulto a los presos del procés a finales de esta semana y se prevé que éste sea contrario a concederles la medida de gracia, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas. La Fiscalía, por su parte, ya se mostró contraria a indultos totales o parciales, por considerar que no se cumplen los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño.

SERÍA «UNA HUMILLACIÓN PARA TODOS LOS ESPAÑOLES»

El portavoz parlamentario de Cs ha acusado al Gobierno de estar «abonando ya el escenario» para que la sociedad española vea estos futuros indultos «como algo natural, normal, como la solución de un problema», y ha calificado de «intolerable» que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, invite a ver con «naturalidad» la decisión que se tome sobre los condenados, sea cual sea.

Según Bal, perdonar a los políticos catalanes condenados por delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia sería «una humillación para todos los españoles», sobre todo después de que el recién elegido presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), haya expresado su intención de retomar la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el Govern para conseguir la independencia de Cataluña mediante un referéndum pactado.

Para Aragonès, «solo hay ese posible resultado» tras el diálogo, y si no, «no pasa nada porque desobedecemos la ley, volvemos a formar este alboroto del procés y después te indultan», ha señalado el dirigente de Ciudadanos.

A su juicio, Sánchez pretende usar los indultos a los presos del procés como «moneda de cambio» política, «para pagar los favores que le debe a Esquerra por el sostenimiento de su Gobierno», y de esta manera estaría transmitiendo un mensaje «demoledor contra el Estado de Derecho».

POR DELITOS GRAVES Y SIN ARREPENTIMIENTO PREVIO

Bal ha exigido al Ejecutivo que no apruebe estos indultos porque sería «injusto», ya que los condenados fueron sentenciados por delitos graves «contra el orden constitucional»; porque supondría ir en contra del principio de igualdad y cabría preguntarse «por qué a estos presos sí y a otros no»; y porque los condenados no han mostrado arrepentimiento, sino que «han dicho que lo volverán a hacer».

Sobre la posibilidad de que el Gobierno condicione el indulto a que los beneficiados por esta medida no cometan delitos en los próximos años –algo que se está sopesando, según el diario El Confidencial –, el diputado de Cs ha indicado que sería «un disparate». «Cumplir la ley es la condición para luego poder conceder cualquier tipo de ventaja penitenciaria, pero no al contrario», ha subrayado.

Por último, ha recordado que la formación naranja planteó, en su proposición de ley integral de lucha contra la corrupción, reformar la ley del indulto para que el Gobierno deba explicar en cada caso los motivos por los que aprueba esta medida de gracia y para que no se pueda aplicar a delitos graves.