Ciudadanos presenta en el Congreso una ley para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas y endurecer las penas

Plantea que la Policía pueda registrar el inmueble e identificar a los ocupantes si hay indicios de que se usa con fines delictivos

Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de «garantías para la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas», con la cual pretende agilizar el desalojo de los inmuebles y su recuperación por parte de los propietarios y endurecer el castigo a los infractores.

La iniciativa señala que las ocupaciones ilegales han experimentado «un elevado crecimiento durante los últimos años» y que los cauces legales para garantizar a los ciudadanos «la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad» son «manifiestamente insuficientes».

Esta es la tercera vez que el partido naranja presenta una proposición de ley en la Cámara Baja para atajar el problema de la ocupación ilegal, tras haber abordado esta cuestión en 2018 y 2019.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SUMARIOS

Con el fin de defender el derecho de la propiedad y que la posesión se pueda recuperar de una manera más ágil y rápida, Cs propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se puedan celebrar juicios rápidos para los delitos de allanamiento de morada y de usurpación.

Asimismo, defiende varios cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En primer lugar, que aquellas demandas que busquen «el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación» de la posesión de una vivienda por parte de su dueño o usufructuario tras haber sido ésta ocupada se decidan en un juicio verbal.

Además, pretende que no se exija identificar al demandado cuando esto resulte complicado y que, en el momento de trasladar la demanda, el tribunal acuerde la entrega inmediata de la casa al demandante tras aportar éste el título que acredite su derecho a poseerla o usarla.

Otro punto de la iniciativa se refiere a la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, para que las inscripciones en el padrón municipal de quienes estén ocupando ilegalmente una vivienda sean nulas y no constituyan prueba de residencia ni les confiera ningún derecho.

HASTA DOS AÑOS DE CÁRCEL POR OCUPAR POR LA FUERZA

Por otro lado, la proposición de ley incluye una reforma del Código Penal para endurecer el reproche a quienes cometan un delito de usurpación y garantizar que cumplen su castigo.

Concretamente, establece que quien ocupe por la fuerza un inmueble ajeno sea castigado con entre uno y dos años de cárcel, y con una multa de seis a doce meses a quien haga lo mismo pero sin usar la fuerza.

La iniciativa de Cs prevé además penas de prisión de seis meses a un año para quienes ocupen la vivienda con el fin de desarrollar otras actividades delictivas; de uno a dos años para quienes, con ánimo de lucro, faciliten la ocupación por parte de otra persona; y de al menos dos a cuatro años cuando el que cometa el delito forme parte de un grupo criminal.

Uno de los aspectos que destaca Cs es que, en algunos casos, la ocupación oculta la utilización de la vivienda para la perpetración de delitos de terrorismo, tráfico de drogas y trata de seres humanos.

Para afrontar esta situación, propone varios cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana, como que las fuerzas de seguridad puedan proceder a la entrada, registro e identificación de los ocupantes de una vivienda ante «indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos», siempre que no se use como domicilio y que el propietario haya denunciado la ocupación.

PAPEL DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y LOS AYUNTAMIENTOS

También establece que los Ayuntamientos podrán tomar varias medidas, como entrar, registrar e identificar a los okupas «cuando hubiese una grave afectación a la convivencia o seguridad ciudadanas» y denunciar ante la Fiscalía los posibles delitos.

En el ámbito de esa misma ley, se especifican nuevas infracciones como consecuencia de conductas relacionadas con la ocupación ilegal, tanto por parte de los ocupantes –por grave alteración de la convivencia y la seguridad– como de los propietarios que no atendiesen los requerimientos de la Administración.

Y en las sanciones correspondientes, se contempla la posibilidad de suspender durante un periodo de seis meses a un año el derecho a percibir cualquier tipo de ayuda por parte de las Administraciones públicas, si bien esto se podrá modular en atención a las condiciones personales de los infractores.

Asimismo, Ciudadanos apuesta por modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que la Junta de la comunidad de vecinos pueda demandar a los okupas por realizar actividades prohibidas y que, si lo desea, ceda el ejercicio de esta acción al Ayuntamiento correspondiente.

SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

Por otra parte, la proposición de ley contiene medidas para atender las necesidades de los ocupantes ilegales que, habiendo sido desalojados de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

Así, se promueve el carácter permanente del fondo social de viviendas contemplado en la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y se centraliza en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones toda la información sobre ayudas públicas.

Por último, en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local se estipula que los servicios de atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social en relación con el disfrute de una vivienda digna puedan ser atendidos por las Diputaciones provinciales.