Ciudadanos pregunta al Gobierno si rectificará su reforma del CGPJ tras la queja de asociaciones de jueces a Bruselas

Ciudadanos quiere que el Gobierno diga si, tras la queja remitida a la Comisión Europea por tres asociaciones de jueces, prevé rectificar la reforma que impide que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos de jueces mientras esté en funciones.

En un escrito remitido a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, avisan de un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que, en su opinión, afectan a la independencia judicial.

Tras denunciar «el apagón y desapoderamiento» del CGPJ y su «colonización por los partidos políticos», solicitan a Bruselas que inicie el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos como los derechos humanos o el imperio de la ley e implica la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo

En una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras la reunión del Comité Permanente del partido, su presidenta, Inés Arrimadas, se ha sumado a la protesta de las asociaciones y ha acusado al PSOE, a Unidas Podemos y al PP de «denigrar las instituciones» al apostar por «el reparto de los jueces y el control del CGPJ» por parte de los partidos.

Posteriormente, Arrimadas y el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, han registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explique si ve oportuno «rectificar» la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando su mandato está caducado, aprobada recientemente y si considera fundadas las quejas de las asociaciones profesionales de jueces.

PSOE Y PODEMOS CAMBIARON LA LEY «POR MOTIVOS POLÍTICOS»

Esa ley, aprobada recientemente, fue promovida por el PSOE y Unidas Podemos con un Consejo General del Poder Judicial que debía haberse renovado hace años pero que sigue en funciones porque el Gobierno y el PP no han llegado a un acuerdo sobre el reparto de los puestos.

«Desde el principio fue criticada casi unánimemente por la oposición en el Congreso, la opinión pública, la sociedad civil, la Comisión Europea y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales», señala la formación naranja, que acusa a los partidos del Gobierno de tener «evidentes motivos políticos» para modificar el funcionamiento de «un órgano de relevancia constitucional».

Ciudadanos recuerda que anteriormente alertó a la Comisión Europea de «los peligros que entrañaba» la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que el PSOE y Unidas Podemos «pretendían politizar aún más el funcionamiento de la Justicia en España» rebajado las mayorías necesarias para designar a los integrantes del CGPJ y «caminando precisamente en el sentido contrario al que exige a España el Consejo de Europa, el sentido común y el espíritu constitucional».

En relación con esto, Arrimadas y Bal preguntan al Gobierno si ve necesario «cumplir con el espíritu constitucional para que la mayoría de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por y entre jueces y magistrados», en vez de ser nombrados por los políticos en el Congreso y el Senado. Por último, le piden que precise medidas adoptará «para garantizar la separación de poderes en España, actualmente en cuestión y bajo sospecha».