Ciudadanos pide al Gobierno que no envíe como embajador a Rusia al exjefe de Gabinete de Laya mientras esté imputado

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que, para evitar dañar la imagen de España, no envíe como embajador a Rusia a Camilo Villarino, jefe de Gabinete de Arancha González Laya cuando esta era ministra de Asuntos Exteriores, mientras esté investigado judicialmente por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En Cs «respetamos los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia», pero «no podemos compartir que el Gobierno quiera dar a esta persona un cargo mientras tiene un proceso judicial abierto en el que está siendo investigado», han explicado desde el partido naranja a Europa Press.

Tras señalar que «la imagen de España ya ha sufrido demasiado en los últimos años de gobiernos del PP y del PSOE», ha abogado por evitar un mayor deterioro: «No podemos permitir que nuestra carta de presentación al mundo sea la de una persona con cuentas pendientes con la Justicia por haber tenido un papel protagonista en una conducta que podría haber sido realizada de forma contraria a la legalidad».

Para la formación liderada por Inés Arrimadas, el destino que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pensado para Villarino representa un puesto «fundamental» para la acción exterior desde el cual España «debe defender con mayor fuerza que nunca el cumplimiento de la ley, el respeto al Estado de derecho y los derechos y libertades fundamentales».

«Nos parece que cualquier designación para un cargo debería esperar hasta que estas cuestiones sean resueltas», ha indicado sobre la situación de Villarino, que ha sido citado a declarar como imputado el próximo 1 de septiembre por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala.

Brahim Ghali llegó en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril sin pasar controles de fronteras ni documentación, y desde allí fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

El abogado de la acusación particular, Antonio Urdiales, quiere que se esclarezcan las circunstancias en las que Ghali, figura histórica de la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui, entró y salió de España y si hubo un posible encubrimiento o prevaricación.

LA CÚPULA DE EXTERIORES PODRÍA HABER COMETIDO UNA ILEGALIDAD

Aunque González Laya aseguró el pasado julio que en la entrada de Ghali se siguieron «al pie de la letra» todas las reglas establecidas para los vuelos oficiales, a Ciudadanos le parecen «muy preocupantes» los indicios contra Villarino. «Esto demuestra que las esferas más altas del Ministerio habrían podido cometer una ilegalidad», algo «intolerable en un país democrático como España», ha subrayado.

En opinión de Cs, es necesario ofrecer ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, pero debe hacerse «siempre de forma acorde a la legalidad interna española y a los tratados internacionales de los que España es parte».

«Ya lo advertimos en su momento: la acogida de Brahim Ghali en nuestro país no podía ser una coartada para que no rindiera cuentas ante la Justicia por los casos pendientes que tenía. Ahora, parece también que el propio Ministerio es quien tiene causas pendientes ante la justicia por la forma en la que se gestionó ese traslado», ha señalado.

Ghali, cuyo paso por España generó una crisis diplomática con Marruecos, tiene pendiente una querella en la Audiencia Nacional presentada por el activista saharaui Fadel Breica por la detención ilegal y las torturas que este afirma que sufrió a manos del Frente Polisario en los campos de refugiados saharahuis en Tinduf (Argelia) en 2019.