Ciudadanos afirma que en sus cuentas de 2016 ya subsanó el «error» que el Tribunal de Cuentas censuró en las de 2015

Villegas avisa de que los cargos públicos de Cs que desobedezcan al partido deberán abandonarlo, aún a riesgo de que retengan el acta

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que en las cuentas del partido correspondientes al ejercicio 2016 ya se subsanó el «error» que el Tribunal de Cuentas censuró en las de 2015, que no han recibido el visto bueno de este órgano fiscalizador.

«Las salvedades contables que pone el Tribunal de Cuentas sería mejor no tenerlas. De hecho, hemos puesto todos los mecanismos necesarios para que en los próximos informes de los años sucesivos no se produzcan esas salvedades contables que tenemos en 2015 y es algo que hay que mejorar», ha declarado en una entrevista con Europa Press.

A la pregunta de si la contabilidad del año siguiente se registró según establece el Tribunal de Cuentas, Villegas ha respondido: «Creo que en 2016 ya se corrigió ese error y se aplicó el criterio de devengo y no el criterio de caja en la contabilización de las subvenciones».

Según Ciudadanos, ese es el motivo por el cual el Tribunal de Cuentas se niega a dar su conformidad a las cuentas del partido de 2015. En su último proceso de fiscalización, este órgano detectó demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que, a su juicio, impedían reflejar adecuadamente la situación financiera y patrimonial de Cs.

CANTIDADES QUE FALTAN O SE REGISTRARON MAL

Por ejemplo, el partido presidido por Albert Rivera no presentó las contabilidades de los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas, en las Cortes de Castilla y León y en la Asamblea de Extremadura, ni las de los grupos políticos de 574 entidades locales, entre ellas cinco grupos políticos en las diputaciones provinciales; una ausencia de datos que limita el proceso fiscalizador.

Además, el Tribunal de Cuentas señala en su informe la «importancia cuantitativa» de una serie de salvedades referentes a la sobrevaloración del activo no corriente, la infravaloración de los gastos y los pasivos en las fianzas de las sedes del partido y errores y omisiones en el registro contable de las entradas y salidas de fondos en la tesorería de los grupos institucionales.

También menciona la no inclusión en el pasivo corriente de las deudas a largo plazo con entidades de crédito, la falta de registro de distintas subvenciones públicas y asignaciones y las deficiencias en los gastos de personal y los gastos de explotación.

Al revisar la coherencia interna de los estados contables, el órgano fiscalizador encontró «numerosas discordancias» entre la documentación justificativa facilitada por Cs y los registros contables, observando omisiones de movimientos de la tesorería, errores en los seguimientos de saldos y pagos a acreedores, así como duplicidades en la contabilización de gastos.

Asimismo, el informe apunta a incumplimientos por parte de Ciudadanos que podrían constituir infracciones recogidas en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. Concretamente, dice que en 2015 registró como donaciones en especie determinados pagos, por importe acumulado de más de 14.000 euros, efectuados por terceras personas, de facturas electorales emitidas a nombre del partido.

La ley prohíbe que los partidos acepten que, directa o indirectamente, terceras personas asuman de forma efectiva el coste de los gastos que genere su actividad. En relación con dicho importe, Cs no identificó a los donantes que abonaron facturas por un importe total de unos 2.000 euros.

REVISIÓN DEL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

Por otro lado, Villegas se ha referido al Pacto Antitransfuguismo y ha dicho que habrá que revisarlo a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula un apartado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

El TC considera inconstitucional la norma según la cual se requiere un quórum reforzado para tramitar una moción de censura en los casos en los que alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato. Desde su punto de vista, esa medida vulnera el derecho fundamental a la participación política.

«Habrá que estudiar esa sentencia y ver cómo se puede aplicar» tanto en el pacto como en la ley, «no para que favorezca o no al partido, sino para que la decisión de los ciudadanos no se vea pervertida por decisiones individuales de determinados cargos públicos que no siguen la línea del partido en cuyas listas salieron (elegidos)», ha manifestado.

Ciudadanos tiene varios casos de exmilitantes que dejaron el partido o fueron expulsados del mismo pero se negaron a abandonar sus cargos públicos. Le ha ocurrido tanto en el ámbito autonómico –en las Cortes Valencianas, el Parlamento andaluz y el Parlamento de Cantabria– como en el municipal.

El secretario general de Cs espera que no se vuelvan a repetir situaciones similares, ya que ahora el partido cuenta con unas estructuras territoriales más sólidas que, según ha indicado, favorecen una mayor proximidad con los grupos autonómicos y municipales.

«Pero vamos a seguir en la misma línea: quien no haga caso a las directrices del partido se tiene que ir. Si cuando se va decide mantener el acta, es un problema, pero no nos va a hacer cambiar de opinión, vamos a seguir siendo exigentes con los cargos públicos para que sean coherentes con el programa electoral de Cs y con las decisiones que adoptan los afiliados», ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que no permitirán que «cada uno haga lo que le parece por miedo a que se queden el acta» si finalmente salen del partido.