Cinco entidades piden al Gobierno que comparta la licencia de propiedad intelectual de la vacuna de Hipra
Cinco ONG y sociedades científicas han pedido al Gobierno que comparta la licencia de la vacuna de Hipra a través de C-TAP, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a intercambiar conocimientos y la propiedad intelectual de las vacunas y otros productos contra la COVID-19.
Esta licencia permitiría a cualquier empresa acreditada fabricar la vacuna de Hipra, que podría ser aprobada este mismo jueves por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), consiguiendo así que sea accesible y asequible en cualquier país del mundo.
A través de un posicionamiento, Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y No Gracias han reclamado al Ejecutivo que «haga valer» y «asegure el retorno de la inversión pública» de casi 20 millones de euros en el desarrollo de la vacuna.
Hipra ha sido una de las empresas que durante estos últimos dos años ha recibido financiación y apoyo por parte del Gobierno para el desarrollo de su vacuna contra la COVID-19. En este caso, a través de financiación procedente de ayudas y préstamos por parte del Ministerio de Ciencia y del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTi) cercanas a los 20 millones de euros.
Además, la Comisión Europea ya firmó el año pasado un contrato de compra conjunta con la farmacéutica española para asegurar el suministro de 250 millones de dosis de su vacuna, de las que se podrán beneficiar 14 Estados miembro.
«El Gobierno debe asegurar el retorno de la inversión pública en coherencia con el impulso de sus políticas en el espacio internacional y con sus compromisos, asegurando que las vacunas llegan a todas partes, con precios asequibles y márgenes de beneficio razonables y que pueden ser fabricadas por empresas capacitadas y acreditadas en países de menores ingresos. Todo ello con el objetivo de salvar vidas, fortalecer los sistemas sanitarios y acabar con esta, y con las futuras pandemias», han defendido estas entidades.
Con esta medida, las cinco organizaciones quieren combatir la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 que se ha producido a nivel mundial. De hecho, y según los datos actuales, solo el 28,5 por ciento de la población de los países de renta baja ha recibido al menos una dosis.
