CGT califica de «auténtica vergüenza» la propuesta del Gobierno sobre los coeficientes reductores

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha calificado este martes de «auténtica vergüenza» el borrador del Gobierno sobre la regulación de la jubilación anticipada en actividades con muchas bajas y alta mortalidad que ha trasladado a los agentes sociales en la mesa de diálogo social sobre pensiones.

Según CGT, el borrador del Gobierno dificulta la solicitud de coeficientes reductores a los trabajadores que hayan trabajado en sectores o actividades con especial penosidad a partir de una determinada edad, puesto que, a diferencia de la norma anterior, que permitía la solicitud con independencia de si se encontraban trabajando en esa actividad en el momento de la solicitud, «ahora sólo podrán pedir la aplicación de los coeficientes quienes acrediten estar trabajando en esa misma profesión», de tal manera que «las consecuencias de actividades anteriores no son tenidas en cuenta.

CGT recuerda que estas medidas afectan a conductores profesionales, trabajadores con productos químicos y peligrosos, trabajadores del sector de los cuidados, bomberos y trabajadores del mar, entre otros, y entiende que lo que se plantea en el borrador supone «un auténtico despropósito» y un «retroceso» sobre la ley actual.

Según critica CGT, el borrador «limita» la solicitud y participación en el procedimiento a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, vulnerando de este modo el derecho fundamental de libertad sindical y contraviniendo lo resuelto por el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de octubre de 2012 que declara la nulidad de la expresión «más representativos».

Asimismo, la CGT señala que la propuesta del Gobierno «impone» que la solicitud de aplicación de los coeficientes reductores ha de hacerse conjuntamente entre las organizaciones empresariales y sindicales, «haciendo depender la actividad sindical y la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora a la voluntad empresarial».

La CGT denuncia además que «se desnaturaliza y se vacía de contenido la autonomía sindical al someter la acción sindical a la voluntad de las empresas, condicionando el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, afectando en este caso a un ámbito especialmente sensible como es el de la salud de los trabajadores por la realización de actividades laborales que implican el sometimiento a un excepcional índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad».

Aunque el borrador establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes, CGT avisa de que este plazo es «engañoso», pues «al mismo tiempo se establece expresamente el silencio administrativo negativo», de tal forma que si la Seguridad Social no resuelve el procedimiento, se entiende desestimada la solicitud.

CGT critica además que se pretenda crear un grupo de trabajo «restringido» para el estudio de la penosidad en actividades profesionales a partir de determinada edad, sólo conformado por UGT, CCOO, la patronal, el Ministerio de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, limitando la participación de los demás sindicatos representativos en un sector o en una comunidad autónoma.

Al mismo tiempo, CGT subraya que la comisión de evaluación que emitirá informes preceptivos sobre la siniestralidad laboral de un determinado sector o actividad también se restringe al Ministerio, la patronal y CCOO y UGT.

«Los coeficientes reductores tratan de garantizar un mínimo de calidad de vida para aquellas trabajadoras afectadas y afectados en la salud como consecuencia de su desarrollo profesional. Es una auténtica vergüenza que un Gobierno que se dice de izquierdas este más preocupado por el músculo explotador de las empresas que por la salud de la clase trabajadora», concluye la organización anarcosindicalista.