CESM pide en una carta al Ministerio de Seguridad Social descargar de tareas administrativas a AP

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha enviado este viernes una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para reclamar soluciones que permitan poner fin al colapso que sufre Atención Primaria (AP) con la excesiva carga burocrática que supone la gestión de altas y bajas laborales que requieren los positivos por COVID asintomáticos.

La organización plantea que, la emisión de los partes de baja y alta de aquellos trabajadores positivos en COVID19 que no presenten síntomas o cuyos síntomas son muy leves pero deben permanecer aislados durante 7 días, se realice por los facultativos de las mutuas o servicios de prevención de riesgos laborales.

En estos casos, supone CESM que la intervención del facultativo del Servicio Público de Salud no se produciría, salvo empeoramiento de los síntomas que hiciera precisa la prestación de asistencia sanitaria, aliviando la carga soportada por la AP y permitiendo almismo tiempo la atención de aquellos pacientes que no admiten demora.

En este sentido, ensalza la deicisión que han adoptado algunas comunidades autónomas en línea con lo que proponen. «La emisión de un parte de baja y alta en un mismo acto para el citado periodo de 7 días de aislamiento, pese a que el artículo 3.2. de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, sólo lo permite para aquellos procesos de duración muy corta que la propia norma en su artículo 2.1 a) establece en 5 días. La aplicación que se está sugiriendo desde el ministerio supone una vulneración de la normativa vigente y una incitación a la comisión de un delito por falsedad en documento público.

Por último, CESM reitera la necesidad de que, en caso de que se descarte esta opción propuesta, se articulen las medidas necesarias conforme a la norma para poder resolver el «grave problema que afecta actualmente al sistema público de salud, que es el colapso en la Atención Primaria». Una situación que, a su juicio, está motivada no tanto por una cuestión asistencial sino por el importanteproblema de salud pública que supone la pandemia.

«No podemos permitirnos alargar más en el tiempo esta situación que afecta a unos profesionales agotados que se ven incapaces de prestar la asistencia sanitaria que requieren sus pacientes», concluye la organización.

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