CES cree que las reglas fiscales siguen siendo «complejas» y ve «insuficientes» los incentivos a la inversión

Aboga por reforzar el sistema de recursos propios de la UE y también cree que se debe considerar la emisión de deuda pública conjunta

El Consejo Económico y Social (CES) ha lamentado que el nuevo sistema de reglas fiscales europeas «sigue siendo complejo» y continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros, al tiempo que ha advertido de que se introducen incentivos a la inversión, pero «insuficientes» dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha.

Con motivo de la reciente la reforma de la gobernanza económica de la UE, el Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un informe en el que subraya la importancia de lograr un equilibrio entre la necesaria estabilidad macrofinanciera de la Eurozona y la de acometer las inversiones que requiere la economía europea para afrontar el desafío climático y la transformación tecnológica, para reforzar su competitividad y la creación de empleo, así como para aumentar los niveles de cohesión social y territorial.

Para el CES, las reglas fiscales son necesarias en una unión monetaria para coordinar la política fiscal de los Estados, propiciar políticas fiscales prudentes y evitar que los desequilibrios individuales afecten a la estabilidad del conjunto.

Aunque el Consejo cree que el nuevo planteamiento supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, considera que no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión.

Para el organismo que encabeza Antón Costas, aunque hay mejoras, el nuevo marco continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros.

En su opinión, las salvaguardas imponen reducciones mínimas anuales de déficit y deuda que reducen esa flexibilidad individual y el principal objetivo sigue siendo propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60% del PIB, lo que resulta «poco realista».

Además, ha advertido de que se introducen incentivos a la inversión, pero insuficientes dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha. Además, no queda claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones para aprobar los programas de consolidación fiscal y, en su caso, su extensión temporal; en particular, las inversiones y reformas dirigidas a aumentar el capital intangible europeo.

MECANISMOS EUROPEOS PERMANENTES DE APOYO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

El CES considera aconsejable que se creen mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados, si se quiere evitar que en el seno de la UE aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital.

Por otro lado, el Consejo cree que, dado el limitado espacio fiscal existente en la Unión Europea, es necesario profundizar en la integración financiera avanzando en la Unión del Mercado de Capitales y en la Unión Bancaria para lograr unos mercados financieros y de capitales más diversificados, profundos y competitivos que permitan movilizar el capital privado y contar con los recursos financieros necesarios para impulsar la innovación y respaldar las inversiones en el marco del Next Generation EU abordando las transiciones verde y digital.

De su lado, el CES considera que la positiva valoración de la experiencia del SURE como herramienta europea de estabilización económica y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como instrumento europeo de inversión, apuntalan la idea de que es interesante y factible que la UE se dote de nuevas capacidades presupuestarias permanentes.

«Avanzar en una mayor integración presupuestaria exigiría un incremento sustancial de los ingresos que maneja la UE, lo que pasa por reforzar su sistema de recursos propios y también por considerar la emisión de deuda pública conjunta», ha insistido.

Asimismo, ve necesario reformar el Semestre Europeo con el fin de reforzar la presencia de los interlocutores sociales y el diálogo social, europeo y nacional, así como la participación de la economía social, al igual que la de los parlamentos nacionales y los entes locales y regionales.