CERMI impugna la normativa de acreditación de centros de atención a la dependencia

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI), junto a sus entidades, ha impugnado la normativa de acreditación aprobada por el Gobierno de Cantabria y publicada el pasado 14 de marzo.

CERMI Cantabria ha consignado así, de forma oficial, su rechazo ante una normativa que ha sido publicada» sin consenso y sin acuerdo alguno» con el sector, «y que deja a las entidades sociales ante un escenario de futuro muy complejo».

El objetivo final es que la administración y el ICASS «reflexionen sobre la situación y resuelvan de inmediato» lo que consideran «un agravio para las entidades sociales de la discapacidad», ya que una vez que se ha hecho público el contenido de la norma se constata el planteamiento de determinadas exigencias que confirman la preocupación máxima de las entidades de cara a su sostenibilidad.

CERMI recuerda que ya en marzo de 2018, en rueda de prensa, denunció la paralización del desarrollo de la propuesta de normativa que se estaba trabajando de forma conjunta, a la vez que expresaba su «alarma ante la consolidación de los recortes» en servicios sociales para las personas con discapacidad.

CERMI consideraba preciso elaborar una normativa específica para la autorización y acreditación de servicios sociales destinados a la atención de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, junto con una memoria económica que recogiera de modo objetivo y real una estructura ordenada de costes de los servicios.

El comité afirma en un comunicado que «durante las últimas legislaturas, se ha trabajado intensamente en coordinación con los diferentes gobiernos, hasta que se produce la paralización en el trabajo conjunto en 2018», que se ha saldado con esta publicación «por sorpresa, sin opción a conocer la normativa, los requisitos materiales y funcionales, ni la memoria económica que se han solicitado varias veces desde octubre de 2017».

Desde CERMI Cantabria se insiste en la necesidad de contar con un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados, manteniendo para ello un modelo normativo «estable y progresivo».

Y subrayan que «la normativa tiene que ser consecuente con el modelo económico que la sustente, y que las entidades no pueden seguir cofinanciando unas plazas, que son de responsabilidad del Gobierno, haciendo peligrar su sostenibilidad».