CEOE y CEP respaldan a Ence y advierten de que su cierretendría una «grave repercusión» en Galicia

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) han expresado su apoyo a Ence y solicitan al Gobierno que renueve la prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa la factoría pontevedresa para poder seguir trabajando, tras advertir de que su cierre tendría una grave repercusión en la economía y el empleo de Pontevedra, A Coruña y de toda Galicia.

En una nota de prensa conjunta, Los empresarios señalan que cada día salen 4.000 toneladas de madera de eucalipto con destino a Ence, cantidad que constituye casi toda la producción de Pontevedra (solo una pequeña parte se desvía a Portugal) y la mayor parte de la de A Coruña.

Para CEOE y CEP, la biofábrica de Ence en Pontevedra «es un ejemplo de excelencia medioambiental, de generación de empleo y de contribución al desarrollo económico de Pontevedra y Galicia».

5.100 EMPLEOS EN RIESGO

Ambas patronales recuerdan que de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias y que la planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados. Según datos de Ence, a esa plantilla se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra.

Más del 90% de los empleados de Ence en Galicia trabaja con contrato indefinido, y casi todos trabajan a jornada completa con un convenio laboral que califican como «uno de los mejores de Galicia».

Asimismo, indican que cada día 300 camiones entran en la fábrica, lo que implica una alta dependencia de los transportistas gallegos de la continuidad de la actividad de la biofábrica.

La celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del Puerto de Marín, ya que se exporta el 95% de la producción. En total, Ence aporta un 28% del PIB de Pontevedra y supone más de 33 millones de euros en impuestos a las arcas públicas.

La empresa que dirige Ignacio Colmenares es además uno de los principales exportadores de Galicia, con un volumen de ventas al exterior superior a los 200 millones de euros.

INVERSIONES EN JUEGO

Ence lleva invertidos en Pontevedra, desde enero de 2016 hasta finales de febrero de 2019, 73 millones de euros, de los que corresponden a los compromisos de la prórroga 38,8 millones y además tiene comprometidos 49 millones de euros, de los que 14,8 millones son compromisos de la prórroga.

Por tanto, el total invertido y comprometido por Ence asciende a 122 millones de euros, de los que 53,6 millones son de la prórroga.

Ence se comprometió adicionalmente a llevar a cabo un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros para mejorar la depuradora de la ciudad de Pontevedra, rehabilitar el Pazo de Lourizán, dinamizar el empleo forestal e impulsar la bioeconomía de Galicia.

Además, comprometió un plan social en Pontevedra de tres millones cada año durante la permanencia de los 60 años de concesión, que se está cumpliendo, para asociaciones de vecinos, deporte, cultura, emprendimiento. 2019 sería el tercer año de convocatoria del Plan.

Este Plan, al tener una duración de 60 años, supone 180 millones de euros que dejarán de percibir los habitantes de la comarca de Pontevedra si se frena la prórroga de la concesión, tal y como advierten CEOE y CEP.

En conjunto, el Plan Estratégico 2019-2023 contempla una inversión de 350 millones de euros durante los siguientes cinco años en Pontevedra, lo que generará aún más empleo y más actividad económica en Pontevedra y Galicia.

Según los empresarios, la actual situación supone la pérdida de todos estos compromisos de inversión, acarreando desempleo y la pérdida del principal motor económico de Pontevedra y del sector forestal de Galicia.

CEOE y CEP recuerdan que ya Ence señaló que «es inexplicable que se provoque por intereses partidistas y minoritarios la pérdida de una de los principales actores industriales de Galicia, que se añadiría a los de Alcoa, las pérdidas de empleo por el ERE de Ferroatlántica o el cierre de la central de Meirama».