CEOE critica el «oportunismo político» de aprobar la rebaja de jornada en la antesala del 1 de mayo

Pide que se tenga en cuenta el «grave impacto» de las 37,5 horas sobre la economía y el empleo durante la tramitación parlamentaria

CEOE ha manifestado este jueves su «profundo rechazo» al anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, en una maniobra que la patronal considera de «evidente oportunismo político» por tener lugar en la antesala del 1 mayo, Día del Trabajador.

En un comunicado, la organización que preside Antonio Garamendi ha subrayado que los empresarios son partidarios de una reducción de jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva, y ha advertido, «por responsabilidad», del «grave impacto» que la aprobación de esta norma va a tener sobre la actividad económica y el empleo, especialmente en las pymes y algunos sectores.

La CEOE reconoce que, sin estar todavía aprobada la norma, la voluntad de «imponer» la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político «está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva, una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social».

La organización empresarial avisa de que situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios colectivos «va a acabar por dinamitar» la negociación colectiva.

Asimismo, la patronal alerta de que los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario son «de muy difícil cumplimiento», pues España no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan «con las debidas competencias digitales».

Al mismo tiempo, aunque dice compartir los objetivos que se persiguen con la regulación del derecho a la desconexión en este proyecto de ley, la CEOE entiende que este derecho «ya está suficientemente preservado» en la normativa vigente.

Por todo ello, la patronal llama de nuevo «a la responsabilidad» para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta estas cuestiones y se disponga «de un adecuado análisis de impacto económico».