Ceddd y Conacee piden no excluir de la Ley de Economía Social los Centros Especiales de Empleo empresariales

Cermi ve favorable la diferenciación entre CEE de iniciativa social y privada

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd) y su asociada Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) han alertado de que proyecto de Ley de Economía Social –aprobado este martes en el Congreso y que ahora deberá debatirse en el Senado– excluye del reconocimiento como entidades de la economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, que representan más del 68% del total y dan empleo a más de 82.000 personas, de las cuales más de 69.000 tienen discapacidad.

De este modo, el Ceddd lamenta que el texto –que ha contado con el rechazo del PP y Vox– «avance sin consenso político ni diálogo suficiente con el sector» y alerta de que la Ley promueve un «monopolio que podría perjudicar a otros CEE y limitar las oportunidades de empleo protegido para miles de personas con discapacidad».

El Ceddd afirma en un comunicado que la Ley introduce una diferenciación entre CEE de economía social y CEE de iniciativa empresarial lo que podría generar «una doble banda salarial según la titularidad del centro», así como «desventaja competitiva de los CEE de iniciativa empresarial en la contratación pública» y «pérdida del reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General, lo que pondría en riesgo la continuidad de cientos de centros».

Por todo ello, el Ceddd considera que, en su tramitación en el Senado, se debe garantizar la igualdad de trato entre todos los modelos de CEE y que haya una coexistencia equilibrada entre iniciativa social e iniciativa empresarial, así como una «protección prioritaria» del empleo de las personas con discapacidad.

Según datos del SEPE, en 2022 existían 2.417 CEE, que empleaban a 106.429 personas con discapacidad, de las cuales 61.425 trabajaban en centros sin calificación de iniciativa social. En este sentido, la CONACEE alerta de que «la propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo».

La situación es aún más crítica, añaden, para quienes presentan discapacidades de especial dificultad, donde una cada diez tiene trabajo, principalmente en CEE. Además, lamentan que la ley haya sido aprobada «sin participación» de Conacee, que califican de «la patronal más representativa de los CEE».

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Conacee, Albert Campabadal Blanco, ha subrayado que los CEE «no son solo una fórmula empresarial, sino una herramienta social de primer orden para hacer efectiva la inclusión sociolaboral de miles de personas con discapacidad en España».

Según explica, estos centros «convierten el empleo de las personas con discapacidad en un auténtico motor de autonomía personal, dignidad y participación social, especialmente para quienes tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral ordinario» por lo que «dejar fuera a una parte esencial de los CEE del marco de la Economía Social supone debilitar un modelo que lleva más de cuatro décadas generando oportunidades reales, estables y adaptadas».

Como ha enfatizado, las personas a las que dan empleo los CEE tienen «grandes dificultades para integrarse en el ámbito laboral, de proyectos de vida y de cohesión social», por lo que ha pedido que «el Senado corrija esta exclusión para proteger un instrumento que es clave para la igualdad de oportunidades en España».

Desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) han mostrado su satisfacción por la aprobación de este Proyecto de Ley en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, que representa «un avance relevante para la actualización y modernización del marco normativo que regula a las entidades de la economía social», que en España integran más de 74.000 empresas y entidades que, su vez, genera más de 2.5 millones de empleos directos e indirectos y generan una facturación del 10% del PIB.

Aunque Cepes considera que el texto aprobado constituye «un buen punto de partida», recuerda que existen «aspiraciones» de la Economía Social que «no han sido incorporadas y que resultan de gran importancia» para la evolución y desarrollo de este modelo empresarial.

En este sentido, Cepes también hace alusión a la configuración jurídica de las entidades de la Economía Social, así como a cuestiones relativas a la Seguridad Social y al Régimen Fiscal de las Cooperativas, además de otras enmiendas que afectan a esta fórmula societaria, ya que consideran que la ley actual debe adaptarse a los requerimientos y necesidades marcadas por el mercado y la sociedad, y adecuarse al marco jurídico sin perder «sus principios y valores».

Por ello, Cepes confía en que, durante las próximas fases de tramitación en el Senado y su posterior retorno al Congreso, se pueda reconsiderar la inclusión de estas propuestas que «fortalecerían aún más el impacto social y económico de este tejido empresarial».

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, ha expresado su agradecimiento a los grupos parlamentarios por recoger «prácticamente la totalidad» de las aportaciones realizadas por la organización aunque, en línea con el Ceddd y Conacee, lamenta «que el proyecto ha sido aprobado por mayoría y no por unanimidad».

Para Cepes, PP y Vox fundamentan su rechazo en la nueva definición de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (Ceeis), que tienen «una configuración jurídica y una finalidad distinta a los de iniciativa empresarial: son promovidos por entidades sin ánimo de lucro y deben reinvertir íntegramente sus beneficios en la mejora de la competitividad y en la creación de empleo de personas con discapacidad», según Pedreño, para quién esta «finalidad social encaja directamente con los principios y valores de las empresas y entidades de la Economía Social».

BENEPLÁCITO DEL CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha celebrado que el Congreso haya luz verde a esta norma, con competencia legislativa plena, al considerar que «actualiza este ámbito económico en el que se inserta la iniciativa emprendedora de la discapacidad organizada».

El Cermi destaca que este proyecto de ley define como Centros Especiales de Empleo de Economía Social «exclusivamente a aquellos de iniciativa social, quedando excluidos los de iniciativa privada con ánimo de lucro, que dejan así de tener esta consideración» y considera que, de este modo, la economía social se adecúa a la diferenciación entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y de Iniciativa Privada introducida en 2017 por la Ley de Contratos del Sector Público.

Por todo ello, Cermi confía en que la tramitación en el Senado «mantenga los avances logrados en el Congreso en materia de discapacidad y que la reforma pueda promulgarse, publicarse y entrar en vigor pronto».