CCOO y UGT piden reformar el Código Penal para definir mejor el terrorismo tras la imputación a Puigdemont


Esgrimen que la última interpretación del TS sobre el terrorismo podría afectar a tractoradas y huelgas de trabajadores

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido una reforma del Código Penal para definir el delito de terrorismo de acuerdo a la normativa europea después de que el pasado 29 de febrero el Tribunal Supremo (TS) abriera causa penal contra el expresident Carles Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo en relación con el caso Tsunami Democràtic .

Así lo han suscrito los dirigentes de los principales sindicatos en un manifiesto, firmado por 70 personalidades del ámbito sindical, laboral y jurídico, en el que han hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para proceder a una reforma del artículo 573 del Código Penal que vuelva a definir el delito de terrorismo «como lo que efectivamente es», de acuerdo con las indicaciones de la Unión Europea.

El manifiesto expresa preocupación por la aplicación expansiva del delito de terrorismo en el Código Penal, especialmente tras el auto del Tribunal Supremo del 29 de febrero de 2024, en el que los magistrados, en contra del criterio de la teniente fiscal del Supremo, vieron «necesario y pertinente» imputar a Puigdemont tras analizar la exposición del juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón, que sostuvo que había indicios de que Puigdemont participó en los hechos que se investigan en la causa de Tsunami Democràtic .

En opinión de los firmantes, con esta interpretación se podría terminar aplicando la calificación de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y, «naturalmente», también a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestación, «a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental».

«Por las razones expuestas, instamos a los grupos parlamentarios a proceder a una reforma del artículo 573 del Código Penal que vuelva a definir el delito de terrorismo como lo que efectivamente es, según la normativa europea», prosigue el texto, en el que explican que la definición de la normativa española es más amplia que la de la UE, lo que ha llevado a «una interpretación exagerada que incluye actos de protesta social como terrorismo, algo que no debería suceder».

Al hilo de esa petición, CCOO y UGT han destacado «la larga tradición democrática de España» en el ejercicio de derechos fundamentales, como la reunión, la manifestación y la huelga, y han advertido de que en este tipo de acciones pueden producirse «excesos con altercados que alcancen cierto grado de violencia», por lo que han subrayado la importancia de distinguir, «con total precisión», lo que son desórdenes públicos del terrorismo.

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