CCOO y UGT aplauden que Saura (Correos) restaure el diálogo social y exigen transformar la empresa pública
Pedro Saura, recientemente designado por el Gobierno como presidente de la compañía postal, ha convocado este martes a las principales organizaciones sindicales de Correos a la Mesa Sectorial de Correos, en donde ha reconocido la «crítica situación» en la que su antecesor, Juan Manuel Serrano, ha dejado a la compañía pública, tras cinco años de «nefasta gestión».
Según la nota de prensa de CCOO y UGT, Saura ha heredado de Serrano una compañía al borde de la quiebra financiera, con casi 1.500 millones de déficit, con una «caída en picado» en el sector postal y de paquetería, una «quiebra moral de su plantilla» y una «ruptura total del diálogo social».
El presidente se ha comprometido a acabar con el «apagón informativo y negocial» de su antecesor, a retomar la senda de la negociación y a restablecer el diálogo social como base para abordar los cambios estratégicos necesarios para la recuperación, transformación y viabilidad de la principal empresa pública del país.
CCOO y UGT han valorado positivamente esta nueva etapa de diálogo y reconocimiento de la grave situación de Correos, que llevaban años denunciando, y comparten la necesidad de un cambio de rumbo en la estrategia para recuperar actividad y retornar a una situación de normalidad en la cuenta de resultados que permita a Correos garantizar la viabilidad del servicio postal público y asegurar el futuro y la estabilidad laboral de la plantilla.
En este sentido, ambas organizaciones han avisado de que rechazarán cualquier proyecto basado exclusivamente en el ajuste «puro y duro y la reconversión», lo que empujaría, de nuevo, a los sindicatos a la confrontación.
Así, ambas han exigido a todos los actores implicados (empresa, sindicatos y fuerzas políticas) «altura de miras» en la discusión de un proyecto postal basado en una financiación suficiente del servicio público postal, un plan estratégico que genere actividad e ingresos y un convenio colectivo que regule los derechos de los 50.000 trabajadores en plantilla.
Igualmente, ha exigido a Saura que actúe como «embajador» postal ante el Gobierno para lograr su máxima implicación para hacerlo viable.