CCOO valora los avances en el parque de vivienda pública, pero reclama más medidas

Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado la creación de una empresa pública de vivienda como «un instrumento válido» para la consecución de la construcción y rehabilitación de vivienda protegida, cuya «necesidad urgente» comparte, y ha valorado como «una medida positiva» la regulación de un derecho preferente de adquisición de suelo para la misma sociedad pública, aunque «sin perjuicio de analizar los términos de su concreción en el momento en que se produzca».

Así ha reaccionado el sindicato ante las medidas del Gobierno relativas al aumento de construcción y rehabilitación de vivienda para destinarla a vivienda protegida, donde se incluye la transferencia de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda (Sepes), que tendrá prioridad para la adquisición de vivienda y suelo.

También se incorporarán inicialmente a Sepes unas 13.000 viviendas de la Sareb y, de manera progresiva, otras 17.000 más, y, además, se blindará el carácter permanente de la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda vivienda construida o rehabilitada por el Estado mantenga indefinidamente su protección.

Sobre la incorporación de las viviendas de la Sareb a un parque público de vivienda en alquiler asequible, CCOO ha asegurado que se trata de una propuesta que ya hizo en 2020 en la Iniciativa Sindical por la Vivienda, y si bien opina que la medida es «positiva», estima que «llega tarde».

Según el sindicato, la mayor parte de las viviendas con las que cuenta actualmente la Sareb «son aquellas que no ha conseguido vender, ya sea por su deterioro o por estar ubicadas en zonas de baja demanda de vivienda».

La organización ha destacado que la medida «más necesaria e importante» ha sido el anuncio del blindaje del parque público de vivienda protegida, una de sus «demandas históricas», y ha manifestado que si actualmente España no cuenta con un parque público de vivienda protegida «equiparable» a otros países de la Unión Europea, ha sido por «los procesos de descalificación», que han supuesto la pérdida de casi 3 millones de viviendas financiadas con apoyo público en los últimos 40 años.

CAMBIOS EN EL ALQUILER RESIDENCIAL Y TURÍSTICO

Otro eje de medidas que también CCOO ha comentado es el relacionado con los cambios legislativos y fiscales sobre el mercado del alquiler residencial y turístico, que tienen el objeto de incentivar el aumento del parque de vivienda en alquiler residencial a precios asequibles.

Entre las acciones destaca la financiación de la rehabilitación y reforma de viviendas vacías, siempre que se dediquen al menos durante cinco años al alquiler asequible, así como las exenciones fiscales de hasta el 100% a los propietarios que alquilan su vivienda según el índice de precios de referencia o las ventajas de las socimis.

Desde CCOO se valora también positivamente las medidas anunciadas en este segundo eje, aunque avisa de que «algunas de ellas deben ser aprobadas en las Cortes y están sujetas por tanto a contar con el suficiente apoyo parlamentario».

En cuanto a las exenciones del 100% a los propietarios, el sindicato ha afirmado que «es difícil hacer una valoración adecuada hasta conocer su concreción, los términos de su regulación, qué casos se incentivan y en qué condiciones» para poder valorar si se va a tener el efecto incentivador del aumento de oferta que se persigue, o, por el contrario, «corre el riesgo de ser una nueva bonificación sin impacto relevante en ese aumento de oferta».

Asimismo, Comisiones Obreras considera que las ventajas fiscales de las socimis «deberían desaparecer para cualquier tipo de operación».

DESTINAR AL MENOS DEL 1% DEL PIB A POLÍTICAS DE VIVIENDA

El tercer eje anunciado por el Gobierno atañe a destinar un mayor presupuesto y más ayudas a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, entre los que figuran jóvenes, migrantes, mayores o personas que viven en áreas degradadas, y se ha anunciado su inclusión en el próximo Plan de Vivienda Estatal para 2026, «sin especificar cantidad alguna».

En CCOO se ha vuelto a reivindicar su propuesta de destinar al menos el 1% del PIB a políticas de vivienda, con promoción y financiación pública, pero también captando ahorro privado, minorista e institucional, que permita operar a entidades sin ánimo de lucro y con una nueva regulación de asosciaciones de lucro limitado, siendo el FIVA «un instrumento útil para este objetivo».

«La construcción de un parque de vivienda pública es imprescindible, tanto por la demanda de vivienda que existe actualmente, como también por su función de nivelador de precios, tanto en la compra como en el alquiler», ha añadido Comisiones Obreras.