CCOO ha reclamado al Ministerio de Seguridad Social que cumpla el compromiso incorporado en el acuerdo de pensiones de julio de 2020 en el que se incluía la aplicación del procedimiento para determinar la jubilación anticipada en aquellas actividades que desarrollan su trabajo en condiciones de especial penosidad, toxicidad, insalubridad o peligrosidad, y que desde el año 2011 han solicitado formalmente el acceso a este nuevo derecho.

Desde Comisiones, han recordado que el derecho a este tipo de jubilación anticipada recogido en la Ley 27/20111 y posteriormente regulado en el RD 1698/2011 es fruto de un acuerdo del diálogo social entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, que contó a su vez con un amplio respaldo parlamentario.

Tal y como han explicado desde el sindicato, el establecimiento concreto de un procedimiento formal «objetivo, participado y común para todos los sectores de actividad» persigue una doble función. De un lado, garantizar el acceso al derecho a jubilación anticipada en términos de igualdad a todos los trabajadores con empleos «penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos; y, al mismo tiempo, con él se pretende resolver definitivamente el problema de inequidad e inseguridad jurídica que implicaba el sistema anterior basado, en gran medida, «en decisiones políticas arbitrarias».

«Esto ha hecho que la Ertzaintza tenga reconocido el derecho a este tipo de jubilación, pero no lo tengan el resto de policías autonómicas; o, en el mismo sentido, que los cuerpos de bomberos tengan o no reconocido este derecho en función de si su empleador es público o privado», subraya CCOO.

«La objetividad y equidad que debe garantizarse en el procedimiento se posibilita, entre otras medidas, mediante la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo desde sus primeras fases. Se trata, en definitiva, de un instrumento de participación que da transparencia y viene a ayudar en la garantía de equidad en sus resultados», han señalado desde CCOO.