CCOO lamenta la falta de acuerdo en la UE para que las multinacionales declaren lo que pagan en cada país

CCOO lamenta el «paso atrás» en el desarrollo normativo que supone la falta de acuerdo en la Unión Europea (UE) para que las multinacionales publiquen sus impuestos país por país, ya que la propuesta de directiva fue derrotada en el Consejo de la UE por la mínima, como consecuencia de la abstención de Alemania.

En una nota, CCOO ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a conocer los impuestos realmente pagados por las empresas en los diferentes países en los que tienen actividad, ya que así pueden valorar si la aportación de los diferentes agentes es «equitativa» y contribuye adecuadamente al desarrollo económico y a la creación y mantenimiento de los sistemas de protección social en estos países.

«La transparencia es positiva para todos los grupos de interés de las sociedades, empezando por las empresas, pues generan mecanismos de lucha contra malas prácticas que causan competencia desleal entre las empresas», ha subrayado CCOO, que ve preciso cambiar la «concepción dominante sobre la finalidad de una empresa, que no puede ser, únicamente, la retribución del accionista».

En este sentido, señala que su impacto sobre el empleo, la demanda y provisión de bienes y servicios, su retorno a la sociedad a través de su aportación fiscal, entre otros, muestran la importancia de la empresa como «elemento de vertebración social» y «no como un mero extractor de recursos en beneficio de sus propietarios».

La organización sindical denuncia que es «prácticamente imposible» disponer de indicadores clave como la cuantía pagada del impuesto de sociedades país por país o el tipo fiscal efectivo de cada jurisdicción en la que la empresa tiene actividad.

España publicó por primera vez la semana pasada la información relativa al modelo 231 de declaración País por País (CBC, por sus siglas en inglés), que reflejaba que las 134 multinacionales españolas que cuentan con una facturación anual de más de 750 millones de euros pagaron en 2016 en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global.

Según CCOO, las empresas optan por un modelo de informe que recoge toda la aportación fiscal que genera su actividad, donde se incluyen impuestos que «recaudan en nombre de terceros». Añade que con la aprobación de la ley que regula la información no financiera y diversidad de las empresas en 2018 se había dado una mayor transparencia a las prácticas fiscales.

Conforme a esta norma, las empresas deben incluir dentro de sus informes de gestión, sus memorias de información no financiera, en las que se especifiquen «los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas».

INICIATIVAS NORMATIVAS

El proyecto de la OCDE, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting-Erosión de la base imponible y traslado de beneficios), busca evitar prácticas empresariales basadas en planificaciones fiscales agresivas orientadas a la elusión y evasión fiscal, que aprovechan vacíos legales y desajustes normativos para trasladar artificialmente beneficios a localizaciones de la empresa con escasa o nula actividad real y con tipos impositivos nulos o muy bajos.

El sindicato subraya que estas prácticas suponen tanto una pérdida recaudatoria para los estados que las sufren, como una competencia desleal para empresas de menor tamaño que no pueden llevar a cabo estas prácticas.

En el ámbito europeo, la Comisión Europea elaboró en 2012 un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. En 2016, este plan dio lugar a una directiva respecto al intercambio obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad.

El marco BEPS de la OCDE y el G-20 y la normativa comunitaria habían logrado que esa información ya estuviera disponible para todas las agencias tributarias, pero no para la ciudadanía, una demanda que finalmente no ha salido adelante.