CC.OO. ve innecesario ampliar el periodo de cómputo de las pensiones y «no está por la labor» de negociarlo

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha recalcado este jueves la posición del sindicato sobre la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones que plantea la Seguridad Social y ha insistido en que se trata de «una medida que no es necesaria en este momento».

«No es que no estemos en condiciones de acordar, es que no estamos ni por la labor de negociar», ha dicho Sordo sobre esta propuesta, tras una nueva reunión, este miércoles, entre el Gobierno y los agentes sociales.

Sordo ha explicado que el rechazo del sindicato se basa, además, en que la propuesta del Ministerio no es una recomendación del Pacto de Toledo y carece, por tanto, del consenso parlamentario.

«Hay un elemento que está distorsionando la negociación y es lo que tiene que ver con el incremento de cálculo de la base reguladora de la pensión. Como ya hemos explicado en más de una ocasión, esta no es una materia en la que estemos de acuerdo y no hay consenso político. No existe una recomendación del Pacto de Toledo que nos emplace a incrementar el periodo de cálculo de la base reguladora. Pensamos que esta medida no es necesaria y pensamos que no hay consenso político ni social para sacarla adelante», ha subrayado.

El secretario general de CC.OO. ha señalado que la mesa de diálogo debe tratar «el resto de medidas que están encima de la mesa» que, en su opinión, «son positivas» en su mayor parte, con la intención de «alcanzar un acuerdo en las próximas semanas».

Entre los temas de la negociación, Sordo se ha referido al destope de las bases máximas, la mejora de las pensiones mínimas o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sustituto del factor de sostenibilidad, que «va haber que alargarlo hasta mediados de siglo».

«CC.OO. sigue diciendo que lo importante en esta negociación es mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social», ha añadido.

EL GOBIERNO INSISTE EN AMPLIAR EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido este jueves en la mesa de diálogo social sobre pensiones su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con el descarte de los dos peores años de cotización.

El Gobierno ha planteado, como parte de la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones, calcular la pensión con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

El Ministerio ha defendido en la reunión de este jueves que extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, «protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales», lo que cada vez se da con mayor frecuencia, según fuentes de la cartera de José Luis Escrivá.

Durante la reunión de este jueves, el Gobierno ha comunicado a sindicatos y empresarios que recopilará las propuestas que han realizado en la mesa de negociación. De momento, les ha citado de nuevo para el próximo 12 de diciembre.

La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó el pasado lunes a CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contemplaba la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%».

Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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