CC.OO., Ecologistas e IU presentan demandas al TS contra el cierre parcial de la línea Madrid-Cuenca-Valencia

CUENCA, 20

CC.OO., Ecologistas en Acción e Izquierda Unida han presentado demandas contencioso-administrativas frente a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por el cierre parcial de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia, aprobada el 21 de febrero por el Consejo de Ministros, en concreto, el trayecto parcial Tarancón-Utiel.

Contra dicha medida, las organizaciones citadas, agotada la vía administrativa, anunciaron sus recursos en vía judicial el pasado mes de julio, recursos cuyas demandas han sido presentadas el pasado día 7 de diciembre.

Según han informado en nota de prensa conjunta, «una parte sustancial de la sociedad afectada por ese cierre, agrupada en sus instituciones municipales y asociaciones de muy variada índole, se opuso con todos los mecanismos legales a su alcance, a esa decisión, poco o nada justificada».

«Es injustificada hasta el punto de rozar una escena de cine berlanguiano , pero del malo, en cuanto al momento temporal elegido: Cerrar una línea ferroviaria, en el Año europeo del Ferrocarril «.

Denuncian que «en un caprichoso requiebro de la lógica se decidió un cierre ferroviario en contra de un consenso científico mundial acerca de que el tren es el medio masivo de transporte, de personas y mercancías, destinado a ser protagonista de la lucha contra los gases de efecto invernadero y el cambio climático».

A juicio de estas organizaciones, esa decisión contó con 2el impulso de lobistas inmobiliarios, ávidos de 220.000 metros cuadrados de suelo ferroviario en el centro de la ciudad y, por tanto, absolutamente ajenos al interés general de la ciudadanía».

«Hablamos de una decisión nada democrática, ajena al derecho de participación ciudadana que prevé nuestra Constitución, a la rentabilidad social y el derecho de igualdad. Es contraria, también, al derecho de movilidad universal de todas aquellas personas que por razones de edad, salud o económicas no dispone de permiso de conducir, vehículo propio, o ambas cosas», han criticado.

De igual modo, han criticado que la medida fuese tomada por «una élite funcionarial y tecnocrática, ajena a la realidad social de los pueblos de la España vaciada».

De ahí que las organizaciones hayan presentado estos recursos que, a su entender, «ponen en evidencia aspectos graves de unas administraciones que, 45 años después de aprobarse nuestra vigente Constitución, siguen demostrando que quedan resabios de un tiempo en que la propia administración actuaba sin respeto a la ley, y al interés superior del administrado, que no es otro que el ciudadano destinatario de derechos».

Denuncian un atropello ciudadano «de casi 180.000 conciudadanas; cifra que se eleva a casi cinco millones si incluimos la población de ambos extremos de la línea que son la primera y tercera capitales de España. Con esta arbitraria decisión pierden una importante opción de movilidad más segura y sostenible, en una importante porción del territorio que servía la línea 310», han argumentado.

Dicho esto, han asegurado que tienen depositadas «grandes esperanzas en que se haga justicia», pues el hecho de que se haya admitido la medida de suspensión cautelar de la decisión de clausura que se impugna, «ya ha sido una victoria parcial».

«Nos parece acertada la valoración del Tribunal Supremo al evitar un daño irreparable sobre un activo que es patrimonio de toda la ciudadanía, sobre la que se ha actuado en vía fáctica y sin respetar las formalidades legales a los que obligan las leyes administrativas, laborales y hasta la Carta Magna».

Las organizaciones recurrentes consideran que «se abre un nuevo horizonte inédito en la reciente historia del ferrocarril: la que contempla la posible reversión de una malísima decisión política, a su estado anterior, para poder hacer las cosas bien y contando con la ciudadanía que es sujeto pasivo de derechos, y con la que se debió contar desde el principio».