Casi el 90% de los expedientes por infracciones durante los estados de alarma no se han concretado en multas
De los 1,3 millones expedientes incoados hasta finales de marzo, sólo han acabado en sanción el 11,1%
Las propuestas de sanción planteadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el primer estado de alarma y los cuatro primeros meses del segundo –decretado el pasado mes de octubre– ascendieron a un 1.370.164 pero, según los datos aportados por el Ministerio del Interior, de momento, sólo han culminado su tramitación con resolución sancionadora un total de 152.394, es decir, casi el 90% de los expedientes siguen sin concretarse en una multa.
Así lo especifica el Gobierno en la respuesta que acaba de remitir a la portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, y a la portavoz adjunta del Grupo Popular Isabel Borrego, quienes se interesaron por la evolución de esos procedimientos sancionadores.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno da cuenta de un total de 1.370.164 propuestas de sanción hasta el pasado 24 de marzo, de las que 506.135 fueron realizadas por la Policía Nacional, 495.600 por policías locales y 368.429 por la Guardia Civil.
Estos datos corresponden a las propuestas de sanción planteadas en las comunidades y ciudades autónomas que no tienen competencias en seguridad ciudadana –todas salvo Cataluña y el País Vasco– entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 y entre el 26 de octubre del año pasado y el pasado 24 de marzo.
En el periodo que transcurrió entre los dos estados de alarma decretados para atajar la pandemia de coronavirus, la tramitación de los procedimientos sancionadores por este tipo de infracciones correspondía a las autoridades sanitarias de las distintas comunidades.
152.394 SANCIONES
Según los datos del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, de todas las propuestas de sanción cursadas durante el primer estado de alarma sólo 152.394 han finalizado con una resolución sancionadora, es decir, con una multa.
El Gobierno no da cuenta de los expedientes que hayan podido caducar (aquellos sobre los que no se haya notificado resolución un año después de su incoación) porque aún no dispone de estos datos y tampoco detalla cuantos fueron archivados sin multa.
