Cantabria urge al Estado a aplicar las medidas para paliar los efectos de las inundaciones de enero

El Gobierno de Cantabria ha acordado hoy urgir al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto que posibilite la aplicación en la comunidad autónoma de las medidas previstas para paliar los efectos de las inundaciones que tuvieron lugar el pasado mes de enero, entre ellas la limpieza de los cauces de los ríos por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de prevenir nuevos desbordamientos.

Para ello, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, va a remitir una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, solicitando que se pongan en marcha esas medidas, así como que Cantabria sea declarada Zona de Actuación Especial para la restauración del dominio público hidráulico y de las zonas afectadas por las riadas, con el fin de que el Ministerio proceda a realizar diferentes trabajos.

Entre ellos, la retirada de los tapones formados por restos vegetales y los sedimentos y residuos que dificultan el desagüe en los cauces fluviales y la construcción de defensas en los puntos que afectan a núcleos de población y que han acreditado predisposición a sufrir erosiones que incrementan el riesgo de inundaciones.

El vicepresidente cántabro y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha informado de éste y el resto de acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión ha tenido «importancia» porque este jueves el Ejecutivo transfiere a los ayuntamientos los 15 millones de euros del Fondo de Cooperación Municipal.

Zuloaga ha detallado que también se han aprobado ayudas por importe de más de 6 millones de euros para apoyar la primera instalación de jóvenes ganaderos y contribuir a la modernización y mejora de las explotaciones agrarias.

Además, se ha dado luz verde a un decreto por el que se conceden ayudas a los ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz en el ejercicio 2019. Todos los ayuntamientos pueden optar a esta subvención, cuya cuantía varía entre los 530 y los 3.150 euros, en función de la población.

Igualmente, se ha aprobado otro decreto por el que se renueva la composición del Consejo de Formación Profesional de Cantabria, con el nombramiento a propuesta de la Comunidad Autónoma de Mercedes García, Ricardo Lombera y Javier López y, a propuesta de CEOE-CEPYME, David Crespo, Thomas Gramse y Miguel Ángel García.

En otro orden de asuntos, en Educación, se ha autorizado autorizó el inicio de los trámites para contratar el servicio de ayudantía lingüística en los centros educativos públicos que desarrollan programas específicos de integración lingüística para la enseñanza del inglés, francés y alemán, con un coste estimado de 943.852 euros.

También se ha concedido una subvención nominativa de 75.000 euros al Colegio de Educación Especial Fernando Arce, destinada al sostenimiento de los gastos de comedor y transporte de los alumnos con necesidades educativas especiales.

En el área de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se han aprobado ayudas por importe de 6.075.391 euros para la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de explotaciones agrarias.

De la cuantía total, 2.343.700 euros son para la primera instalación de jóvenes, con 57 beneficiarios. Los 3.731.691 euros restantes son para apoyar planes de modernización y mejora de explotaciones, a favor de 110 beneficiarios.

Asimismo, se ha autorizado una subvención nominativa de 60.500 euros a la Cámara Agraria de Cantabria y una transferencia de 200.000 al Consorcio Interautonómico del Parque Nacional de los Picos de Europa para sufragar su funcionamiento.

Finalmente, en el ámbito de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, se ha nombrado a los directores generales de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Jorge Muyo, e Industria, Energía y Minas, Raúl Pelayo, como representantes del Gobierno en el Consejo de Administración de Sodercan.