Cantabria ultima la implantación de la nueva organización judicial en Santander

El Gobierno garantiza el cumplimiento de los «exigentes» plazos del Estado y con esta III fase culminará la adaptación de los 8 partidos

El Gobierno de Cantabria ultima la implantación de la nueva organización judicial en Santander y garantiza el cumplimiento de los «exigentes» plazos marcados por la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Así lo ha avanzado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, quien ha explicado que, en esta tercera fase, que afecta al partido judicial de la capital, se culminará el proceso que el Ejecutivo cántabro inició hace unos meses para adaptar los órganos jurisdiccionales unipersonales a los nuevos tribunales de instancia.

En este sentido, Urrutia ha afirmado que el próximo 1 de enero la nueva Oficina Judicial de Santander estará «plenamente operativa», cumpliendo así con los requerimientos fijados por la norma nacional y «garantizando en todo momento la continuidad del servicio».

La consejera ha manifestado que a pesar de «la falta de ayuda» y del Ministerio de Justicia para la aplicación de la nueva normativa, Cantabria «será un ejemplo» a nivel nacional gracias -ha dicho- a «la profesionalidad y el trabajo» conjunto de trabajadores, jueces, fiscales y resto de operadores «que se han implicado al máximo» para sacar adelante este proceso «en tiempo y forma».

CAMBIO DE DENOMINACIONES DE SEDES

En un comunicado Urrutia ha explicado que en estos últimos días su departamento ha procedido ya al cambio de las denominaciones de las sedes judiciales de la calle Alta y el edificio Europa, cambio que se acometerá en el complejo judicial de Las Salesas «en próximos días».

Actuaciones que se suman a la reorganización del personal de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia iniciada mediante la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, publicadas el pasado 23 de septiembre en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y culminada a través de los procesos de acoplamiento ya finalizados, adaptándose así la estructura funcionarial de la capital a la organización judicial que impone la Ley estatal.

Igualmente, ha destacado que una vez aprobado por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el pasado 9 de diciembre, el Protocolo de Actuación de la Oficina Judicial de Santander, pueden afrontarse los últimos trabajos de adaptación del sistema de gestión procesal Vereda , definición de los grupos ofimáticos, correos electrónicos, señalética interior, extensiones telefónicas y reubicaciones de los equipos de trabajo «imprescindibles» para garantizar la continuidad del servicio.

El partido judicial de Santander será el último de los ocho con los que cuenta Cantabria en adaptarse a los cambios de la nueva organización, tras la implantación, desde el pasado 1 de julio, de la nueva estructura de tribunales de instancia y de oficina judicial en los otros siete: Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera.

FALTA DE RESPALDO ECONÓMICO Y RECLAMACIÓN DE 2,4 MILLONES

La titular regional de Justicia ha vuelto a criticar la «falta de respaldo económico» del Ministerio para la implantación y aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia y ha puesto como ejemplo los 2,4 millones de euros que su departamento ha tenido que destinar para la implantación de las medidas que contempla la reforma.

Una cantidad que el Gobierno de Cantabria requerirá al Ejecutivo central, «ya que el nuevo modelo es una imposición de la Ley y el traspaso de las competencias en materia de justicia avala la revisión del coste efectivo anual de los medios».

Por último, ha lamentado de nuevo que este cambio en la organización judicial se ha hecho «sin contar con las comunidades autónomas con competencias de justicia y con un Ministerio que carga a las autonomías con todos los costes de la reforma».