Cantabria se personará ante el Constitucional por el recurso del Estado a la derogación de la Ley de Memoria autonómica

El Gobierno de Cantabria (PP) se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) por el recurso del Ejecutivo central contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica, al considerar la comunidad autónoma que invade sus competencias.

El Ejecutivo, que espera que el Parlamento regional adopte la misma medida, ha reiterado que en Cantabria las víctimas no quedan desprotegidas por la derogación. De hecho, ha tramitado normativa en desarrollo a la ley estatal, que es básica.

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que ha indicado que el Gobierno regional ha conocido por la prensa el acuerdo de este martes del Consejo de Ministros de interponer recurso de inconstitucionalidad, con lo que no se puede pronunciar sobre el fondo del recurso. «No lo conocemos, aunque sabemos sus argumentos con su ofrecimiento para acordar la modificiación», ha señalado.

En este sentido, ha explicado que Cantabria siempre ha estado dispuesta a llegar a acuerdos con el Gobierno de España para evitar los conflictos ante el TC. Sin embargo, en esta ocasión la comunidad «declinó» la invitación del Estado porque la iniciativa legislativa no fue del Gobierno, sino directamente del Parlamento, a la que el Gobierno «no se opuso». Y porque, lo que en su opinión pretende el Estado es «la anulación total de la Ley autonómica de 2024, volviendo a la situación anterior, sin margen alguno para el acuerdo».

«Querían que volviéramos a dejar en vigor la ley del año 2021. El mayor argumento que daban era que Cantabria no podía derogar la ley del año 2021», ha afirmado.

Urrutia ha subrayado que para el Gobierno, la interposición del recurso supone una «invasión de las competencias de Cantabria por parte del Estado. Supone que el Estado admite y reconoce la competencia de Cantabria para dictar una Ley de Memoria Histórica y Democrática, pero nos niega nuestra legitimidad para derogarla».

«Supone la incongruencia de aceptar que, en esta materia, las comunidades autónomas sí pueden legislar (mayoría democrática), pero no pueden derogar sus propias normas, también por mayoría democrática», ha remarcado la consejera, para quien «tan legítima» fue la aprobación de la Ley de 2021 como lo ha sido la de la Ley de 2024, derogatoria de la anterior.

Por otra parte, la titular de Presidencia ha aclarado que la Ley estatal de Memoria Democrática, que es básica y que es posterior (2022) a la aprobada por Cantabria, es «plenamente aplicable» en esta región sin necesidad de que exista una ley autonómica. «No se produce vacío legislativo en Cantabria en materia de memoria democrática», ha subrayado.

«La Ley estatal tiene carácter de ley básica de aplicación en todo el territorio nacional y se aplica con preferencia a las normas autonómicas. En consecuencia, la derogación de la ley autonómica no supone, en modo alguno, la derogación de la ley nacional ni su no aplicación en Cantabria», ha reiterado.

Urrutia también ha expresado su sorpresa porque el Gobierno de España no recurra la «inacción» de las comunidades autónomas, como Castilla La Mancha o Murcia, que no han legislado a día de hoy, y que defienden la aplicación íntegra de la Ley estatal en su territorio sin la necesaria existencia de una ley autonómica.

En consecuencia, a juicio del Ejecutivo regional, el Estado no puede exigir que las comunidades autónomas dicten normas propias complementarias de la ley básica estatal «so pena de alegar el incumplimiento de ésta».

«La no aprobación de una norma propia o la derogación de otra anterior no se puede interpretar como un incumplimiento de la ley básica estatal. La derogación de la norma no supone que en Cantabria las víctimas queden desprotegidas ni que tengan menor reconocimiento y protección que la que se desprende de la Ley estatal de 2022», ha recalcado.

Al respecto, ha recordado que la Ley de Cantabria 1/2024 mantiene «el único punto de consenso» que se alcanzó con la Ley derogada de 2021, que es la necesidad de garantizar el derecho de las familias a recibir apoyo y asesoramiento de la Administración en los trámites relacionados con las exhumaciones de víctimas; y la necesidad social de establecer los mecanismos precisos para garantizar la custodia de todo el material documental como patrimonio colectivo que es preciso conservar.

Una muestra del «compromiso» cántabro en la garantía de esos derechos es la tramitación del decreto por el que se regulan los procedimientos de exhumación de víctimas, cuyo periodo de información pública se inició a partir del 25 de noviembre de 2024, «incluso antes de que fuera publicada en el BOE».

Para la consejera, la derogación de la Ley 8/2021 «solo supone la eliminación del conjunto de medidas ideológicas y partidista y entidades que se regulaban en aquella y que no servían para nada más que para dotar artificialmente de contenido dicha Ley, y que no mostraron consenso en su momento».

UTILIZACIÓN ARBITRARIA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

A juicio del Ejecutivo cántabro, la interposición del recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de España supone «un ejemplo más de la utilización arbitraria, interesada y partidista de las instituciones del Estado, en este caso del Tribunal Constitucional, para la defensa de ideas y proyectos políticos propios, uniformes y unívocos».

Al respecto, ha censurado que el Tribunal Constitucional «con su composición actual y sus recientes decisiones, está demostrando una clara posición a favor de determinadas opciones políticas, provocando clamorosos cambios de criterio en la asentada doctrina constitucional y el progresivo deterioro de su credibilidad».

Y también ha considerado la medida «un ejemplo más de los constantes intentos de dividir a la sociedad española y, en este caso a la cántabra, provocando ruptura y distanciamiento para imponer criterios políticos, en esa táctica destructiva de o estás conmigo, o estás contra mí «.

RESPALDO DEL PARLAMENTO Y PLAZOS

Urrutia ha explicado que el Consejo de Gobierno llegará a un acuerdo para poder personarse y contestar al recurso del Estado en el TC; una legitimidad que también tiene el Parlamento de Cantabria a través del Pleno, que en este caso necesita de una mayoría, como sucedió con la Ley de Amnistía.

El Partido Popular gobierna en minoría pero Urrutia espera que la Cámara –que sacó adelante la ley con los votos de PP y Vox– decida también personarse y contestar a este recurso, «porque al final está yendo contra un acto propio del Parlamento».

En relación a los plazos, el último día para presentar recurso de inconstitucionalidad es hoy, 12 de febrero, lo que lleva a la consejera a pensar que por eso ha ido ayer al Consejo de Ministros.

«Hoy le presentarán, tiene que admitir a trámite el Tribunal Constitucional, quedamos por hecho que lo hará y nos la dará traslado de ese recurso para que veamos nuestra intención de personarnos. Y en ese momento es cuando el Consejo de Gobierno aprobará el acuerdo de personarnos».