Cantabria se opone a la «imposición» del reparto de menas y a que dos CCAA queden «excluidas»
Buruaga pide consenso para la distribución de menores migrantes: «No son fardos ni paquetes, tienen derechos y hay que prestarles servicios»
LAREDO, 7
El Gobierno de Cantabria (PP) se opone «rotundamente» a los criterios de reparto de menas (menores extranjeros no acompañados) y a que sean fruto de la «imposición» y «a la fuerza» además, vía decreto tras el acuerdo entre el Estado y Canarias, quedando dos comunidades «excluidas» de esa distribución.
«Eso es imposición. Eso no es diálogo ni es acuerdo», ha sentenciado este viernes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que se niega «en redondo» a los criterios consensuados entre el Ejecutivo central y el archipiélago canario para trasladar a 4.500 menores migrantes, teniendo en cuenta la población y esfuerzo de acogida, y con los que Cataluña y País Vasco -«las de siempre»- tendrían menor participación.
«Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para impedir que esos criterios conduzcan al objetivo que persigue el Gobierno, que es que haya comunidades autónomas excluidas de este reparto», ha avisado Buruaga, que también ha alertado de que dichos criterios podrían hacer «colapsar» la red y el sistema regional de protección de menores.
En este sentido, ha detallado que Cantabria cuenta con 212 plazas, de las que 36 son para menas y 22 de ellas están ya cubiertas. «Tendríamos margen para coger en esas proporciones, pero desde luego no más», según ha indicado.
La presidenta regional, que no conoce -de primera mano- los criterios de reparto, ha criticado que no se hayan debatido en Conferencia Sectorial y que el Ministerio tampoco los haya comunicado a las comunidades, extremo que ha tachado de «falta de respeto institucional y de lealtad institucional, que ya se ha convertido en la norma». Pero, como ha advertido, «que se haya convertido en la norma no significa que estemos dispuestos a aceptarla».
NO SON FARDOS NI PAQUETES, TIENEN DERECHOS Y PRECISAN ASISTENCIA
A su juicio, es un asunto que se debe decidir «entre todos», ya que se trata de distribuir entre las comunidades autónomas niños menores, «que no son fardos» ni «paquetes», sino que tienen derechos y hay que prestarles asistencia y servicios, procurando su integración social y laboral. «No se pueden hacer las cosas de esta manera», ha afeado.
«Somos parte de la solución» y «no se puede venir imponiendo esos criterios que se acuerdan entre dos por la puerta de atrás», ha insistido la mandataria cántabra y del PP regional, para quien el Ejecutivo de Pedro Sánchez es «incapaz de gobernar para todos y se doblega todos los días con tal de seguir en el poder».
La presidenta ha destacado las «sobradas muestras de compromiso, responsabilidad y solidaridad» de Cantabria, que ha llegado a aceptar un cupo voluntario de reparto cuando se ha pactado, haciendo «un esfuerzo muy importante y por encima de nuestras posibilidades muchas veces», pero se ha opuesto a «poner en riesgo» la red regional de protección de menores y hacerlo «colapsar», pues sería «una irresponsabilidad absoluta».
Por último, se ha mostrado partidaria de un reparto «ordenado», dentro de un plan «integral» y desde el consenso entre el Estado y las comunidades, «sin privilegios y sin exclusiones», y dotado también con financiación y recursos «suficientes».
Buruaga ha hecho estas declaraciones a los medios al presentar el proyecto de mejora de la bolera del Corro en Laredo.
