Cantabria regula subvenciones para programas de formación a medida de empresas que se comprometan a contratar

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que regula la concesión directa de subvenciones para programas de formación profesional a medida para empresas que adquieran el compromiso de contratación. La formación será de carácter presencial y se enmarcará dentro del marco del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno.

Esta medida responde a la «necesidad urgente» de las empresas, especialmente en sectores industriales y tecnológicos, de incorporar personal cualificado en un contexto donde más del 60% de las pymes declaran dificultades para cubrir puestos técnicos especializados, ha indicado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

Ha destacado que el decreto se apoya en la legislación estatal y autonómica vigente en materia de subvenciones y formación para el empleo, y permite agilizar la respuesta ante necesidades cambiantes de contratación.

Las ayudas estarán dirigidas a entidades que asuman el compromiso de contratar a un porcentaje del alumnado formado, garantizando así el retorno directo de la inversión pública en términos de empleabilidad.

Los programas podrán justificarse mediante cuenta justificativa o a través de módulos económicos predefinidos, según se trate de especialidades incluidas o no en el Catálogo de Especialidades Formativas.

El Ejecutivo ha explicado que esta flexibilidad en la gestión tiene por objeto simplificar trámites, reducir cargas administrativas y facilitar la participación empresarial en iniciativas de formación ajustadas a sus necesidades reales.

«Este nuevo marco legal constituye una herramienta clave para afrontar el déficit de personal cualificado en Cantabria, mejorando la conexión entre el sistema de formación y el mercado laboral», ha indicado la administración autonómica.

En el ámbito del empleo, el Gobierno también ha autorizado una subvención nominativa de 150.000 euros al Ayuntamiento de Santander para financiar el II Pacto Territorial por el Empleo 2023-2026, tal y como se recoge en los Presupuestos Generales de Cantabria de este año.

En materia educativa, se ha dado luz verde a un contrato de 1,45 millones y un plazo de ejecución de siete meses para la ampliación del IES Las Marismas en Santoña; y también a convenios con los ayuntamientos de Polanco, Campoo de Enmedio y Pesquera para facilitar el acceso gratuito a libros de texto y otros recursos durante los dos próximos cursos.

Además, se ha aprobado el convenio con el Consistorio de Polaciones para que la Consejería financie con 45.000 euros la redistribución interior de la primera planta del colegio Valle de Polaciones.

En Desarrollo Rural, se ha aprobado una subvención nominativa de 72.000 euros a SEO/BirdLife para el desarrollo del proyecto LIFE Coop Cortaderia, centrado en la eliminación del plumero, en concreto para actuaciones en zonas costeras de la Red Natura 2000 y márgenes fluviales de ríos como el Deva, Nansa, Pas, Pisueña, Miera, Asón y Agüera, así como en los municipios de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera y Herrerías.

Y, en materia de Salud, se ha autorizado la compra del medicamento para la inmunización de bebés y menores de riesgo frente al Virus Respiratorio Sincicial (VRS), por más de 614.000 euros, y una subvención nominativa de 108.880 euros a la Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT).

También, pero desde la Consejería de Inclusión, se ha dado luz verde a una subvención nominativa, de la que no se detalla la cantidad, a la Cocina Económica para la adquisición y distribución de alimentos y productos de higiene mediante un sistema de vales canjeables en el economato entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Entre los asuntos administrativos, se ha autorizado la financiación del Plan Corresponsables 2025 en Cantabria, una iniciativa que promueve la conciliación de la vida laboral, personal y familias, y que contará con 2,88 millones euros, 2,16 aportados por el Estado y el resto por la comunidad autónoma.

Asimismo, se ha aprobado una adenda al convenio con el Ministerio de Justicia para actualizar y regular la representación de la comunidad en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas del Delito, un órgano consultivo desde el que se definen políticas públicas destinadas a mejorar la atención integral a las víctimas.