Cantabria registró el año pasado 274 agresiones a sanitarios, 44 físicas

Todos los centros de salud y SUAP ya tienen cámaras de seguridad, 57 en total, y este semestre se colocarán 21 más en los consultorios

Cantabria registró 274 agresiones a sanitarios en 2024, un 2,24 por ciento más que el año anterior, de las que 44 fueron físicas, según los datos ofrecidos este jueves por el consejero de Salud, César Pascual.

Del volumen de agresiones físicas y verbales, 95 –esto es el 35% del total– fueron contra médicos; 83 hacia profesionales de enfermería (30%); 44 contra auxiliares administrativos (16%), y 35 a auxiliares de enfermería. El resto, las víctimas fueron fisioterapeutas, trabajadores sociales, celadores u otros profesionales.

Sin embargo, si se atiende solo a las físicas, los enfermeros y auxiliares de enfermería fueron los más afectados, con 18 y 10, respectivamente, por delante de los médicos (9); los celadores (6), y de la sufrida por un trabajador social.

Además, según los datos ofrecidos por Pascual en rueda de prensa, el 21% de los actos violentos fue múltiple al haber sido dirigidos contra más de un trabajador sanitario.

Más de la mitad de los incidentes, el 53%, se produjeron en Atención Primaria –144–; el 36% (99) en el Hospital Valdecilla; 15 en el de Laredo (5%) y las mismas en el de Sierrallana. También hubo una a un profesional de la Inspección Médica de la Consejería.

Además, el 81% fueron contra mujeres y un 19% a hombres, si bien dado que más o menos esta es la distribución por género de las plantillas, el consejero ha indicado que no se puede determinar que el sexo sea un factor determinante en las agresiones y deba ser analizado.

EL 70% DE LOS AGRESORES ERAN PACIENTES

En cuanto al perfil del agresor, el 70% eran pacientes; el 27% familiares (73) y los restantes acompañantes o personas sin identificar. En el caso de los incidentes en los medió violencia física, el perfil es un varón de mediana edad.

De estas últimas agresiones, se considera que 16 «no fueron intencionadas» porque se produjeron en un contexto de salud mental en los que los agresores o bien tenían las facultades mentales perturbadas en el momento de los hechos o eran pacientes de edad muy elevada con demencia.

Las 28 restantes sí fueron intencionadas. De ellas, solo en nueve de los casos, los profesionales agredidos denunciaron los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo que, a juicio del consejero, debe cambiar. «Las agresiones es necesario que se denuncien», ha subrayado.

Además, frente a estas agresiones físicas, se incoaron siete expedientes sancionadores. Además, hay dos casos en los que no se ha podido hacer nada, en uno porque el presunto agresor falleció y en otro porque no pudo ser identificado.

En total, por el conjunto de agresiones verbales y físicas, la Consejería incoó 62 expedientes sancionadores –32 a mujeres y 30 a hombres–; 25 por falta grave, con multas de 3.000 euros, y 37 por falta leve, con multas de 200 a 300 euros.

Pascual ha explicado que, en otros casos, la Administración «no pudo» realizar actuaciones porque, o bien, no se identificó al presunto agresor (26); porque las versiones de los implicados eran opuestas y no había testigos, y 18 quedaron anulados por ser cometidos por personas con problemas de salud mental.

Tras dar a conocer estos datos, el consejero no se ha mostrado contento por las cifras ya que, según ha dicho, el objetivo es «cero» agresiones. Sí ha destacado que han «aumentado sustancialmente» el número de expedientes tramitados por la Administración sanitaria.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Además, ha destacado que todos los centros de salud y Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) ya tienen cámaras de seguridad. Se han instalado 57 en total, 30 de ellas en 29 SUAP y 27 en centros de salud y en este primer semestre del año se colocarán 21 más en los consultorios.

En cuanto a otro tipo de medidas, Pascual ha señalado que «no tenemos un porcentaje de agresiones físicas ni verbales tan alto como para poner vigilantes de seguridad en todos los centros» sanitarios. Sí ha subrayado que los hay en los hospitales y en aquellos centros más conflictivos.

El consejero también ha subrayado la importancia de determinadas modificaciones legislativas, como la inclusión en la Ley de Ordenación Sanitaria la falta de respeto a un profesional como algo sancionable.

Además, ahora, el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa que se está tramitando en el Parlamento regional prevé otorgar la condición de autoridad a los profesionales sanitarios. Ello tendrá como consecuencia que se «invierte la carga de la prueba» y da una «mayor protección penal» porque implica penas más elevadas.