Cantabria promoverá un pacto por la Justicia y desplegará «todas las medidas» de la Ley de Víctimas del Terrorismo
El Gobierno de Cantabria va a promover la aprobación de un pacto por la Justicia, en el que estén presentes todos los profesionales de la Administración, cumplirá con los compromisos de refuerzo y planes de agilización, y negociará un nuevo decreto del turno de oficio para abogados y procuradores.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico va a desplegar «todas y cada una de las medidas» que recoge la recién aprobada Ley cántabra de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.
Así lo ha avanzado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, este martes en la toma de posesión del director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Ignacio Sáez, del que ha destacado que es conocedor de la Justicia, «honrado» y comprometido con el servidor público, tiene una trayectoria «intachable», es «moderado, conciliador», y tiene «mucha mano izquierda y derecha» para conseguir lo que se propone.
La consejera ha agradecido a Saéz su «valentía» por aceptar un reto que conlleva «mucha responsabilidad», cuya Dirección ha cambiado de nombre, ha recordado, y ya no solo es de Justicia, sino de Justicia y Víctimas del Terrorismo.
En este sentido, ha explicado que la Consejería tiene la «obligación honrosa» de desplegar «todas y cada una de las medidas» que recoge la recién aprobada Ley cántabra de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo, que supone «un reto a conseguir en los próximos presupuestos para el año 2024 y que desde ya mismo tenemos que empezar a valorar y cuantificar» dado que nació sin memoria económica.
Urrutia ha apuntado que no solo se impulsarán las medidas económicas de la ley, sino todas aquellas de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo en la comunidad autónoma. «Tenemos que cumplir con la deuda que teníamos como sociedad cántabra con las víctimas del terrorismo», ha añadido.
JUSTICIA «ÁGIL, CERCANA, EFICAZ E INDEPENDIENTE»
Respecto a la Justicia, ha indicado que el objetivo es que esta Administración tenga un «buen y correcto» funcionamiento, y que la región trabaje, junto al resto de autonomías y el Gobierno central, para conseguir una Justicia «ágil y eficaz» con los recursos humanos y materiales necesarios.
Ha explicado que la apuesta del Ejecutivo autonómico es una Justicia «ágil, cercana, eficaz e independiente», pese a que «no son buenos tiempos para la Justicia ni en Cantabria ni en España» dados los asuntos judiciales que están pendientes, que aumentaron un 13% en 2022 en la región, y por la «paralización casi total» de la actividad durante los siete primeros meses de 2023 debido a que «el Gobierno de España no ha sabido afrontar de forma conjunta los problemas de los diferentes profesionales».
«Somos conscientes del grave problema al que nos enfrentamos y que queda mucho por hacer», ha trasladado la consejera, que se ha comprometido a trabajar en la comunidad autónoma y que esas medidas se trasladen «a nivel nacional» para conseguir una Administración de Justicia «moderna, con mejores medios, sedes dignas y accesibles, con mayor agilidad, más cercana, con profesionales motivados y con garantía de su independencia y eficiencia».
Así ha avanzado que el Gobierno regional va a promover la aprobación de un pacto por la Justicia, en el que estén presentes todos los profesionales del sector para «establecer las medidas que la Justicia necesita a corto, medio y largo plazo».
También cumplirá con los compromisos de refuerzo y planes de agilización, las sedes judiciales para «reunificar» un plan de empleo específico en la implementación de la Oficina Fiscal y Judicial, además del plan de inversión en las infraestructuras judiciales.
Y, además, el Ejecutivo autonómico negociará un nuevo decreto del turno de oficio para abogados y procuradores, y estudiará posibles deducciones fiscales o fórmulas de compensación por el paro o cierre de la actividad que realizan cuando son ajenos a su voluntad.
Finalmente, Urrutia ha avanzado que el próximo 11 de agosto habrá un nuevo nombramiento en el Servicio Jurídico, cuyo relevo está «pactado» y «consensuado».