Cantabria, primera CC.AA que, por ley, adaptará precios concertados en dependencia a las subidas salariales en el sector

Para este blindaje se ha aprobado una proposición de ley de todos los grupos de la Cámara para cambiar la Ley de Derechos y Servicios Sociales

Cantabria se ha convertido en la primera comunidad autónoma en garantizar por ley que los precios de las plazas concertadas en el sector de la dependencia y la discapacidad deberán actualizarse conforme a los incrementos salariales que provengan de la negociación colectiva sectorial.

Para ello, se ha aprobado una proposición de ley promovida por todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox) a través de la que se modifica la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria para introducir en la norma esta garantía de que toda subida salarial a los trabajadores del sector –unos 6.000 en la comunidad– llevará aparejada un incremento en el precio que paga la Administración a la empresas de la dependencia y la discapacidad por el precio de las plazas concertadas con el objetivo de que éstas puedan aplicar estas mejoras retributivas a sus empleados sin ver con ello comprometida su sostenibilidad.

PRC, PP, PSOE, Cs y Vox han promovido esta proposición de ley después de que la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, las empresas del sector y los representantes de los trabajadores llegaran el pasado 1 de febrero a un acuerdo en este sentido y pidieran que ésta se materializada a través de una modificación legislativa impulsada desde los grupos de la Cámara.

Antes de aprobarse con la unanimidad de todos los grupos la proposición de ley en sí, primero se ha aprobado por asentimiento la toma en consideración de la misma, previa lectura del informe favorable del Ejecutivo, así de como su tramitación directa y en lectura única, todo ello con el objeto de agilizar todo el trámite.

Tanto la consejera de Empleo y Políticas Sociales, la socialista Ana Belén Álvarez, y los representantes de los grupos parlamentarios se han felicitado de que se haya logrado, y por consenso, llevar a cabo este cambio en la ley y han coincidido en que se trata de un paso que contribuye a mejorar las condiciones de los trabajadores del sector y a profesionalizarlo, lo que, a su juicio, también supondrá una mejora en la asistencia que se presta a los usuarios.

Aunque tanto el Gobierno como los grupos han reconocido que se trata de una mejora para el sector, han sido varios que consideran que se debe seguir avanzando en este sentido.

La consejera ha afirmado que se trata de un «día importante» para el sector y también para Cantabria puesto que, según Álvarez, la comunidad «vuelve a situarse a la vanguardia de España en el despliegue de la dependencia y la discapacidad y, sobre todo, en la profesionalización del sector».

Álvarez ha subrayado la «gran repercusión» de esta medida, «tan beneficiosa y tan merecida» para los trabajadores del sector que en estos dos años de pandemia «ha tenido que redoblar esfuerzos y ha demostrado su compromiso con las personas a las que prestan apoyo y atienden». «Probablemente esta sea una de las mayores satisfacciones desde que asumí el cargo», ha dicho.

En este sentido, ha señalado que, una vez aprobada esta medida, al Gobierno le toca hacer «un ejercicio de introspección presupuestaria para asumir el impacto económico que conlleva» en las arcas de la comunidad autónoma. Así, ha garantizado que el Ejecutivo comienza «desde ya» a trabajar para que ésta sea «efectiva en el menor tiempo posible y tenga su reflejo en la Orden de precios públicos».

Además, ha asegurado que la medida aprobada, aunque es «un paso muy importante», «no es un punto y final». «Sabed que vamos a seguir dando pasos para mejorar vuestras condiciones laborales. Estamos trabajando en un acuerdo de ratios», ha dicho la consejera en su intervención, que ha sido seguida in situ desde la tribuna de invitados por, entre otros, representantes del sector de la dependencia (es la primera vez desde que se inició la pandemia que esta tribuna se abre al público).

La consejera ha agradecido a todos los grupos su apoyo para llevar a cabo esta modificación legislativa, que, según ha dicho, no es una «solución de presente y de futuro» y «no solo compromete al Gobierno actual, sino también a los venideros». «No queremos que en el futuro se den situaciones del pasado», ha añadido.

Pese a reconocer que lo aprobado hoy es un avance, sobre todo PP y Vox han insistido en que no es suficiente.

Para la diputada del PP Isabel Urrutia, exdirectora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), la medida que sale adelante en este pleno es solo un «pequeño avance» para dar «certeza, seguridad jurídica y un entorno de sostenibilidad» al sector, algo que, según ha dicho, viene «clamando» su partido al Gobierno regional desde la pasada legislatura.

Además, ha preguntado a la consejera de qué partidas presupuestarias se van a detraer los recursos para poder asumir el impacto económico de la medida.

Urrutia ha aclarado que su grupo apoya esta medida porque «lo que es bueno para el sector, es bueno para el PP». Sin embargo, ha aclarado que ello no significa que vaya a renunciar a seguir reclamando junto a éste las necesidades para que Cantabria tenga «un sistema de dependencia fuerte, seguro y sostenible, sin normativas impuestas, sin confrontación, sin chantajes ni amenazas al sector y con visión de presente y futuro».

Además, ha afirmado que todas las propuestas hechas por el PP al para garantizar la sostenibilidad del sector han contado «siempre» con un «no rotundo» del Gobierno, por lo que cree que, con la medida aprobada, el Ejecutivo hace una «rectificación en toda regla». Sin embargo, considera que ello no se debe a «convicción» sino «de la fuerza de los acontecimientos».

También, frente a la felicitación hecha por la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, a la consejera por su gestión, Urrutia ha señalado que Cantabria ha dejado de estar «en el podio» del desarrollo de la dependencia y ha pasado «en un pispás» de estar en el tercer puesto a ocupar el quinto, siendo adelantada por comunidades como Andalucía.

Por su parte, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, considera que lo aprobado hoy es un «primer paso» pero cree que los trabajadores del sector sigue «infrapagados».

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